La recientemente establecida Comisión Nacional de Energía (CNE) enfrenta de inmediato una gran responsabilidad: erradicar las terminales de combustibles irregulares que proliferan en México. La falta de supervisión y control en estas instalaciones ha derivado en graves problemas de seguridad, como lo evidenció la explosión en un supuesto centro de distribución de diésel de la empresa “Marvic Petroleum” en Cadereyta, Nuevo León, el pasado 21 de mayo. Esta empresa no tiene permisos ante la CNE, lo que significa que su operación carece de vigilancia oficial.
Según los registros oficiales de la CNE, en Nuevo León solo otras 11 empresas cuentan con los permisos necesarios para la distribución de combustibles, destacando que “Marvic” no es una de ellas. Sin embargo, esta situación es solo la punta del iceberg; en Tamaulipas y Nuevo León, empresarios del sector energético han identificado numerosas compañías que venden combustibles de dudosa legitimidad, operando de manera ilegal y, en muchos casos, amparadas por autoridades locales. Esta falta de control no solo pone en riesgo la integridad de la infraestructura, sino que puede resultar en tragedias que afectan a la comunidad, como sucedió en el incidente de “Marvic”, donde tres personas fueron heridas y se causaron cuantiosos daños medioambientales.
El director de la CNE, Juan Carlos Solís, tiene entre sus prioridades abordar esta compleja problemática. La nueva entidad surgió de una contrarreforma energética implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual administración de Claudia Sheinbaum. Una de sus funciones esenciales es garantizar el orden en el sector de petrolíferos, un área donde la opacidad, el huachicol y la mala calidad de los combustibles son preocupantes.
La concentración de funciones de la anterior Comisión Reguladora de Energía en la CNE busca otorgarle mayor eficacia en la supervisión y regulación del sector energético. Enrique Félix Robelo, presidente de la ONEXPO, que agrupa a los grandes empresarios gasolineros del país, ha señalado que uno de cada tres litros de combustible en México es ilícito. Esta alarmante realidad plantea importantes interrogantes: ¿quiénes son los responsables de la venta de estos combustibles? ¿Cómo logran llegar a las gasolineras? ¿De qué manera los distribuidores y vendedores evaden la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT)?
La CNE, junto a otras autoridades como Profeco y ASEA, debería intensificar sus inspecciones, especialmente en zonas fronterizas, para desentrañar esta problemática. La situación es crítica y requiere atención inmediata para resguardar la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente. Sin una acción firme y decidida, el problema de los combustibles irregulares y el contrabando seguirá creciendo, con las repercusiones negativas que ya hemos comenzado a experimentar.
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