En medio de un clima de controversia, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se ha convertido en el centro de atención tras la revocación de su visa estadounidense, un tema que ha generado diversas reacciones y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. Además, su esposo, Carlos Torres, un diputado local por el partido Morena, ha intentado mitigar la situación, aunque sus declaraciones han suscitado aún más discusión.
El pasado viernes, durante una sesión ordinaria del Congreso de Baja California, el legislador morenista Danny Fidel Mogollón Pérez salió en defensa de la gobernadora. En su intervención, mencionó que, a pesar de la revocación de la visa, existen personas, incluso dentro del crimen organizado, que poseen este documento. Dijo: “Conozco gente de lo peor que tiene visa… y tienen visa y exhiben fotos en redes sociales en Estados Unidos.” Su comparación indiscutiblemente sorprendió a sus compañeros legisladores, generando confusión y críticas sobre la referencia al narcotráfico.
Mogollón Pérez continuó su discurso aclarando que “tener visa no es sinónimo de honestidad”, y añadió que las leyes mexicanas no exigen esta documentación para ocupar un cargo de gobernanza. A modo de sarcasmo, comentó: “Que le dan visa solo a gente honesta, por favor…” Este comentario resuena en un contexto donde las especulaciones sobre la gobernadora continúan flotando, especialmente en lo que respecta a sus supuestos vínculos con criminales.
Por su parte, la gobernadora ha expresado no conocer las razones exactas detrás de la revocación de su visa, aunque se ha comprometido a proporcionar información a medida que surjan actualizaciones sobre el caso. Esto ha alimentado aún más el fuego de las teorías que sugieren comunicaciones previas debido a su crítica situación en torno al crimen organizado.
Un abogado especializado en narcotráfico y lavado de dinero, David Zapp, ha aportado un ángulo diferente al asunto, sugiriendo que la revocación se debe a que la gobernadora “insultó y ofendió al gobierno de los Estados Unidos”. Enfatizó que el Departamento de Estado de EE.UU. fue el encargado de retirar la visa, diferenciándolo del Departamento del Tesoro, que maneja las investigaciones sobre lavado de dinero. Añadiendo un matiz a la discusión, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la gobernadora y cuestionó al gobierno estadounidense por su decisión de impedir que Marina del Pilar participara en las mesas de seguridad de su estado.
En conclusión, esta situación sigue desarrollándose, rodeada de especulaciones y pronunciamientos tanto desde Baja California como de las autoridades estadounidenses. Mientras las aclaraciones continúan y los debates sobre la seguridad y la corrupción se intensifican, el caso de Marina del Pilar se presenta como un reflejo de tensiones complejas entre autoridades locales y la influencia de políticas externas. Este escenario da pie a una serie de dificultades que atraviesa la gobernadora en su papel y que podrían afectar su gestión en los próximos meses.
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