El contrabando de combustibles en México, un problema persistente en el sector energético, afecta gravemente las finanzas públicas y tiene implicaciones considerables para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Expertos estiman que entre un 30 % y 40 % de las gasolinas y diésel comercializados en el país provienen de fuentes ilegales, lo que ha causado un daño al erario que supera los 150 mil millones de pesos, aproximadamente 7.500 millones de dólares.
Ramsés Pech, consultor energético, describe este fenómeno como ‘huachicol fiscal’. Esta práctica consiste en declarar ante el fisco la entrada de combustibles bajo categorías erróneas, como aceites o lubricantes, lo que permite evadir el pago de impuestos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Desde 2020, se ha detectado un aumento inusual en la importación de lubricantes, lo que Pech califica como insostenible debido a la falta de fundamentos económicos que lo justifiquen.
En el interior del país, el problema persiste, donde muchas estaciones de servicio adquieren gasolinas y diésel robados que carecen de documentación original, lo que impide su trazabilidad legal. Este robo no solo afecta al fisco, sino también a Pemex, quien ha sufrido pérdidas considerables. Para ilustrar, se ha estimado que entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles le ha costado a la empresa más de 75.710 millones de pesos, lo que equivale a casi 3.785 millones de dólares.
Además, de acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el combustible de origen ilegal puede representar hasta un 30 % del mercado. Carlos García, director ejecutivo de Valero, ha manifestado que aunque se están llevando a cabo esfuerzos por parte de las autoridades para contrarrestar este fenómeno, el problema ha sido alimentado por la inacción de las mismas.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia que se enfocará en la trazabilidad de los combustibles, así como en un control más riguroso en aduanas y puertos. Esta estrategia incluye el seguimiento de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. En una muestra de la magnitud del problema, a finales de marzo se llevó a cabo el mayor decomiso de combustibles en la historia reciente, con diez millones de litros incautados de un buque proveniente de Texas, que intentaban ingresar al país disfrazados como aceite vegetal.
Con esta crisis en el horizonte, los expertos continúan alertando sobre la necesidad urgente de soluciones efectivas para mitigar el contrabando y su impacto en la economía nacional. La lucha contra este flagelo seguirá siendo un tema crucial en el debate sobre el futuro del sector energético mexicano.
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