En el complejo escenario geopolítico actual, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una lucha que va más allá de las fronteras de Israel, una batalla que es tanto multilateral como moral. Las tensiones con organizaciones internacionales, como la ONU, han alcanzado un punto crítico, pues Sudáfrica ha llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándolo de genocidio. Este acto pone en relieve la creciente preocupación por las acciones de Israel en la Franja de Gaza, donde la cifra de muertos palestinos ha superado los 53,000, incluyendo miles de niños y mujeres.
A raíz de estas acusaciones, figuras de liderazgo global, como el expresidente Donald Trump, han intervenido, realizando críticas al gobierno sudafricano. Trump ha denunciado presuntas limpiezas étnicas en Sudáfrica, buscando desviar la atención de las acusaciones contra Israel y cuestionar la credibilidad de su presidente, Cyril Ramaphosa.
En este contexto, surge la pregunta sobre las responsabilidades de una democracia. Un Estado de derecho debe actuar conforme al derecho internacional y proteger a su población, a diferencia de regímenes teocráticos o grupos considerados terroristas, como Hamás. Mientras la violencia terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel es condenada enérgicamente, las respuestas del gobierno de Netanyahu han tomado un rumbo que muchos consideran desproporcionado. Esta respuesta de “ojo por ojo” sugiere una desviación del camino hacia la justicia, favoreciendo una venganza que ignora los principios democráticos y los compromisos internacionales.
La larga historia de conflictos y crímenes de guerra revela que la investigación de posibles genocidios no es una tarea sencilla. Pese a la comunidad global de observar con inquietud, varios funcionarios del gobierno de Netanyahu han hecho declaraciones que han alimentado esta investigación. En un claro indicador de la cultura de impunidad, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha defendido la falta de ayuda humanitaria a la población gazatí, afirmando que “no debemos darle oxígeno a nuestros enemigos”. Por su parte, Bezalel Smotrich, el Ministro de Finanzas, ha instado a una “destrucción absoluta” en áreas densamente pobladas por palestinos.
La responsabilidad de Netanyahu trasciende el presente, ya que sus decisiones moldearán la percepción y la moralidad del futuro de Israel. La culpa colectiva que persigue a las naciones involucradas en genocidios está bien documentada; la historia nos muestra cómo Alemania aún lleva la carga moral del Holocausto, a pesar de ser generaciones nuevas las que no cometieron esos actos.
Por ello, no es un acto de antisemitismo señalar las actuaciones de un gobierno que se tilda de ultraderechista y ultrarreligioso. La defensa del derecho internacional y la denuncia del sufrimiento en Gaza no solo deben ser acciones individuales, sino un movimiento colectivo que resuene en los foros multilaterales. La barbarie que se vive hoy en Gaza merece ser condenada y atendida con urgencia.
Las decisiones que están tomando hoy Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir no solo están exhaustas de consecuencias inmediatas, sino que pueden estar cavando un futuro incierto para Israel y perpetuando un ciclo de violencia y rencor en la región. En este conflicto, el papel de organismos internacionales sigue siendo vital para buscar soluciones que impidan que la historia se repita en términos de sufrimiento y dolor. Sin el respaldo de la comunidad global, la esperanza de un futuro en paz se vuelve cada vez más distante.
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