La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas representa un giro notable en la lucha contra el crimen organizado, y podría tener consecuencias económicas significativas para México.
El lavado de dinero consiste en integrar en la economía legal fondos de origen ilícito, mientras que el financiamiento del terrorismo se refiere a la obtención y uso de recursos para respaldar actos extremos de violencia. Esta distinción implica que el lavado busca introducir recursos al sistema financiero, mientras que el financiamiento de terrorismo se enfoca en la salida de fondos para actividades terroristas.
Antes de esta designación, los destinos de los recursos destinados al terrorismo estaban relativamente claros, vinculándose a grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, ISIS o la FARC. La inclusión de los cárteles mexicanos en esta categoría plantea un escenario más complejo, ya que sus repercusiones económicas podrían ser más amplias y profundas.
La implicación de considerar a un grupo como cártel-terrorista es que cualquier persona o entidad que lo financie, incluso sin intención, puede enfrentar severas sanciones. Esto podría afectar a empresas legítimas en territorios controlados por cárteles, así como a las remesas y las transferencias de dinero. También las empresas involucradas en el comercio internacional deberán lidiar con controles más estrictos en las aduanas, lo que podría traducirse en retrasos o bloqueos de mercancía. Esta situación se extiende a las compañías de transporte y logística que podrían verse restringidas.
Las instituciones financieras, particularmente aquellas con grandes operaciones cambiarias, también tendrán que reforzar sus medidas de control, lo que conllevará un aumento en sus costos operativos y limitaciones en el acceso al crédito. A pesar de esto, muchas entidades han implementado desde hace años estrategias para fortalecer sus sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD-FT), como el uso de tecnologías avanzadas para detectar actividades sospechosas, capacitación continua del personal y auditorías internas.
A nivel gubernamental, se han dado pasos importantes en México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas en 2024 a varias instituciones por fallas en sus sistemas de PLD. Asimismo, se anticipa que en las próximas semanas se aprobarán reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, alineándose a estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A pesar de estos avances, persisten obstáculos, como la escasez de especialistas en PLD-FT; los 400 oficiales de cumplimiento disponibles son insuficientes para las más de 100,000 actividades vulnerables en el país. En este contexto, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) ha llevado a cabo durante 13 años un seminario sobre este tema, con la participación de autoridades y expertos, un evento que también se realizará este año.
Un elemento clave en esta lucha contra el crimen organizado es la colaboración entre México y Estados Unidos. Ambos países han reconocido la necesidad de un enfoque coordinado para abordar este complejo desafío.
En conclusión, aunque la intención de intensificar la lucha contra los cárteles puede parecer benéfica, es fundamental abordar con cautela las implicaciones económicas de clasificarlos como grupos terroristas. Si no se maneja adecuadamente, esto podría tener un impacto devastador que afectaría las economías locales, reduciría las inversiones y aumentaría la pobreza, lo que podría, irónicamente, fortalecer el entorno que favorece el crimen organizado. La atención a este asunto debe mantenerse en un plano superior por todas las instituciones financieras en México, garantizando así una respuesta efectiva y coordinada.
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