En la recta final de las campañas electorales para la primera elección judicial del país, la organización Defensorxs ha emitido una alarma sobre la postulación de al menos 24 candidatos con antecedentes preocupantes en 11 estados. Esta denuncia resalta la posibilidad de que algunos de estos aspirantes estén vinculados al crimen organizado, enfrenten acusaciones de delitos sexuales o estén involucrados en sectas político-religiosas.
Uno de los casos más alarmantes es el de Luis Castañeda, candidato a juez laboral federal en la Ciudad de México por el Distrito 4, que abarca las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con al menos 36 denuncias de acoso sexual en su contra, Castañeda también ha sido detenido por homicidio culposo. No obstante, su cargo actual como subdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia ha generado inquietud por la impunidad con la que ha operado.
Otro candidato de alto riesgo es Edgar Agustín Beiza, quien, a pesar de ser denunciado por abuso sexual por una alumna de la UNAM y otros múltiples señalamientos de encubrimiento, aspira a convertirse en magistrado de Circuito en materia Penal. A pesar de que la PGJCDMX inició una investigación en su contra, el cierre del caso tras el perdón de la víctima deja una sombra de duda sobre su integridad.
Los antecedentes de Francisco Martín Hernández Zaragoza van en la misma línea. Este candidato a magistrado en Jalisco fue destituido en 2015 por abuso sexual, y se le vincula con actos de corrupción, lo que hace cuestionar la calidad de la revisión de su historial antes de ser postulado nuevamente.
En Sonora, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, candidato a magistrado, también enfrenta acusaciones graves, incluyendo el encubrimiento de un feminicidio dentro del sistema penitenciario. Por su parte, Tania Gisela Contreras López, aspirante a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ha sido relacionada con una red de corrupción que incluye sobornos y extorsiones.
Elizabeth Guzmán Vilchis, candidata a juez en Michoacán, recientemente fue detenida por extorsión, mientras que a Job Daniel Wong Ibarra y sus colegas se les ha vinculado a actividades de la Luz del Mundo, una organización religiosa cuyo líder enfrenta serios cargos por abuso.
Finalmente, el caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez en Michoacán, se torna aún más sombrío al ser señalado como sospechoso en el homicidio de periodistas y por supuestos vínculos con un líder criminal, lo que pone en tela de juicio su idoneidad.
Estos ejemplos ilustran un panorama preocupante de candidaturas que pudieron haber pasado por alto filtros de revisión adecuados, poniendo en riesgo la integridad del Poder Judicial. Mientras la fecha de la elección se aproxima, las voces de activistas y ciudadanos se hacen más urgentes, exigiendo claridad y transparencia en el proceso democrático.
Es crucial que la ciudadanía esté informada sobre la calidad de quienes buscan ocupar cargos de poder, especialmente en el sector judicial, donde la justicia y la ética deben prevalecer. La elección del próximo 1 de junio está marcada por la responsabilidad de seleccionar a los mejores para proteger nuestra democracia y garantizar un sistema de justicia digno.
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