La reciente sentencia dictada en la corte de Miami-Dade contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Cristina Pereyra, marca el final de una trama de corrupción que abarca dos administraciones federales en México. Este caso, que implica una suma significativa de casi 2,500 millones de dólares, resuena en un contexto donde la búsqueda de justicia se intensificó desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Apenas meses después de asumir el cargo, López Obrador lanzó un mandato claro: desmantelar las redes de contratos irregulares en las distintas dependencias del gobierno. Este enfoque fue más allá de escándalos como la Estafa Maestra o el caso Odebrecht. En este sentido, la llegada de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera en 2019 impulsó la indagación sobre inusuales contratos otorgados en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En este proceso, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en México tomó acciones contra 61 personas que habrían sido responsables de delitos graves, desde peculado hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación inicial llevó a una demanda civil en septiembre de 2021 en una corte de Florida, donde se reclamaban 250 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra se multiplicó, alcanzando los 750 millones de dólares, considerando las regulaciones estadounidenses que permiten reclamar hasta tres veces la cantidad original.
En las revisiones relacionadas, se descubrió una compra hecha durante los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, que involucra equipos de espionaje destinados a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República. Estos equipos incluyen sistemas de recolección de información y software de análisis, uno de los cuales costó 87 millones de pesos, mientras que el otro demandó 67 millones de pesos. Los proveedores de este material provenían de empresas internacionales como UTX Technologies LTD y Verint Systems LTD, lo que añade una dimensión internacional al escándalo.
Surgen preguntas inquietantes sobre la forma en que estos equipos, que fueron heredados por la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, han sido utilizados. Aunque el proveedor continúa prestando servicios a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, se desconoce si el equipo permanece operativo. Queda evidente que este caso deja abiertas muchas preguntas sobre la conducta y el uso de los recursos públicos.
Mientras tanto, en el ámbito electoral, las previsiones indican que la participación podría superar el 20% de los electores registrados en el listado nominal en las próximas elecciones del 1 de junio. Sin embargo, la falta de eficacia en las campañas de los candidatos y la promoción de las autoridades electorales plantea interrogantes. La proliferación de estructuras políticas podría ser la clave para tal concurrencia en las urnas.
Así, México continúa enfrentando los efectos de una historia que, aunque dictada en una corte estadounidense, tiene profundas implicaciones en su estructura política y de seguridad interna. La resolución de este caso no solo promete justicia, sino que también podría dar paso a un necesario escrutinio sobre el uso y administración de recursos del Estado en el país.
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