En un destacado acontecimiento en el ámbito de la justicia y la seguridad binacional, fiscales federales en Chicago han decidido no solicitar la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del infame “El Chapo” Guzmán. Esta elección, lejos de ser un gesto de compasión, parece indicar un acuerdo de cooperación judicial que revela la vulnerabilidad del gobierno mexicano frente a los temas de seguridad compartida.
El 25 de julio de 2024, Guzmán López llegó al aeropuerto de Santa Teresa, NM, cerca de El Paso, TX. En su vuelo, incluso se encontraba Ismael “El Mayo” Zambada, un antiguo socio de “El Chapo”, que según reportes, fue secuestrado por Guzmán López en Culiacán. Este hecho culminó en que Zambada fuera entregado a las autoridades de investigación de seguridad nacional de EE.UU. La Fiscalía General de la República (FGR) de México inició un expediente sobre secuestro y tráfico de personas, pero no ha recibido colaboración de las autoridades estadounidenses. Esta situación pone en tela de juicio la soberanía nacional, un asunto que ha persistido bajo las administraciones de Joe Biden y Donald Trump.
Detrás de este complejo entramado, se ha llevado a cabo una operación meticulosamente negociada. Guzmán López buscó no solo beneficios judiciales para él y su hermano Ovidio —quien fue extraditado en 2023—, sino también protección para su familia, con 17 miembros, incluidos su madre, que ingresaron a EE.UU. desde Tijuana recientemente. A cambio, entregó a Zambada, un narcotraficante de larga trayectoria, representando un obstáculo importante para el ascenso del grupo de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.
La entrega de Zambada ha desestabilizado el equilibrio dentro del Cártel de Sinaloa. La histórica facción de Zambada (La Mayiza) y el grupo de los Guzmán (Los Chapitos) están actualmente en desacuerdo, lo que ha dejado un rastro de violencia y desplazamiento en regiones críticas del estado de Sinaloa. Mientras tanto, la justicia en EE.UU. continúa su marcha sin impedimentos.
El hecho de que Guzmán López evite la pena de muerte subraya la evidente cooperación entre los gobiernos. El Departamento de Justicia ha pospuesto su audiencia judicial desde marzo, lo que sugiere que, al igual que en el caso de Ovidio, su proceso puede estar avanzando en un silencio cuidadoso. Este silencio podría estar relacionado con la obtención de información sobre rutas de tráfico, socios y estructuras financieras del cártel, lo que indica que Guzmán López podría seguir brindando datos valiosos.
Por su parte, Zambada se enfrenta a 17 cargos federales, que incluyen homicidio y tráfico de fentanilo. A pesar de que es elegible para la pena de muerte, su edad, estado de salud y posibles negociaciones reducen la probabilidad de esta condena. Desde enero, su defensa ha trabajado para encontrar un acuerdo que impida tanto su juicio como una condena a muerte. Su hijo, Vicente “El Vicentillo”, se perfila como uno de los testigos más importantes en esta contienda.
Las autoridades mexicanas, incluidas la presidenta y el fiscal general, han solicitado explicaciones al gobierno estadounidense, que ha ignorado contradictoriamente más de 30 solicitudes de información. De este modo, México se ve relegado a un papel pasivo en decisiones que crucialmente afectan su seguridad, evidenciando una dinámica de negociación desigual.
El caso resalta no solo una falta de coordinación, sino un aparente desprecio por la soberanía mexicana, dejando al país como mero espectador de una operación que ha transformado de manera significativa el panorama criminal. La falta de comunicación y colaboración efectiva levanta interrogantes sobre la supuesta alianza de confianza que los dos países afirman mantener en cuestiones de seguridad.
Este complejo pacto entre actores desiguales pone de manifiesto las profundas divisiones y tensiones que atraviesan el tema del narcotráfico en la región, consolidando la percepción de que las decisiones se toman sin el debido respeto a los intereses y la soberanía de México.
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