En el debate actual sobre la reforma al ISSSTE, propuesta por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), surgen inquietudes sobre la equidad y la viabilidad financiera de revertir la modificación que tuvo lugar en 2007. Especialistas coinciden en que una vuelta al sistema de pensiones solidarias para los trabajadores del Estado generaría más injusticias, tanto para los empleados del sector público como para la población en general.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), plantea una pregunta crucial: ¿por qué revertir la reforma solo para un grupo específico en lugar de considerar a todos los trabajadores? Esta decisión podría verse como una medida inequitativa que beneficiaría a algunos a expensas de otros. La preocupación recae especialmente en las futuras generaciones, que cargarían con las consecuencias de una deuda creciente que ya representa una parte significativa del gasto federal.
La situación actual es alarmante. En los primeros cuatro meses de 2025, el gasto público que el gobierno destinó al pago de pensiones contributivas alcanzó el 17% del total. Solo en ese período, se destinaron 503,006 millones de pesos a pensiones, destacando la continua dependencia del Estado para financiar la mayoría de estos pagos. Se estima que, a día de hoy, menos de un trabajador activo financia a un jubilado, una cifra que revela la vulnerabilidad del sistema.
Pedro Vázquez Colmenares, exdirector de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales en el ISSSTE, advierte que revertir esta reforma podría detonar una “bomba financiera”. La falta de suficientes trabajadores jóvenes que contribuyan al sistema ha hecho que el gasto público cubra el 99.9% de las pensiones del ISSSTE, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema en el futuro.
Además, Macías menciona que la propuesta de mejora presentada por la CNTE es de visión limitada y no aborda de fondo la inequidad inherente al sistema pensionario mexicano, que enfrenta problemas estructurales profundos.
Recordemos que la reforma de 2007 fue impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, transformando un sistema solidario en el que los trabajadores activos financiaban a los jubilados, hacia uno basado en cuentas individuales de Afores. Esta transición ha llevado consigo el desafío de adaptarse a un nuevo modelo en el que los individuos deben ahorrar para su futuro.
La reflexión es clara: cualquier cambio en el sistema de pensiones debe ser bien fundamentado y considerado con responsabilidad, teniendo en cuenta no solo las necesidades inmediatas de ciertos grupos, sino las implicaciones a largo plazo para el conjunto de la sociedad.
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