El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva orden ejecutiva que restringe la entrada de casi todos los estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, en un movimiento que se presenta como una medida de seguridad nacional. Este asalto a la universidad más antigua y rica del país se produce en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y la institución educativa.
En su orden, Trump argumenta que permitir la presencia de estudiantes internacionales en Harvard representa un riesgo para los intereses nacionales. Con un cuarto de su alumnado compuesto por estudiantes extranjeros, la universidad se ve directamente afectada por esta normativa. La decisión ha sido calificada de “ilegal” por parte de Harvard, que asegura que continuará protegiendo los derechos de sus estudiantes internacionales ante esta medida considerada de represalia.
El trasfondo de esta orden se relaciona con una serie de exigencias previas que la administración Trump había impuesto a la universidad y que Harvard se había negado a cumplir. El Departamento de Seguridad Nacional había solicitado registros relacionados con la conducta de los estudiantes internacionales, a lo que Harvard respondió que había colaborado, aunque la Casa Blanca alegó que la información era insuficiente.
Una característica destacada de esta nueva orden es que Trump utiliza una amplia ley federal que le otorga autoridad para restringir la entrada a extranjeros considerados perjudiciales para el país. Este enfoque no es nuevo en su administración; se ha asemejado a su anterior prohibición de viaje que afectó a varios países de mayoría musulmana. Además, la orden menciona otras legislaciones que prohíben la entrada a individuos asociados con organizaciones terroristas.
El futuro de aproximadamente 6,800 estudiantes internacionales actualmente matriculados en Harvard está en manos de Marco Rubio, el secretario de Estado, quien tendrá que decidir si se revocan sus visas. La duración inicial de la orden está programada para seis meses, pero la administración se ha reservado el derecho de prorrogarla, evaluando su impacto en un plazo de 90 días.
La confrontación entre la Casa Blanca y Harvard refleja un ambiente de creciente hostilidad, en el que la universidad ha sido acusada de ser un “semillero de liberalismo” y de tolerar el acoso antijudío. Harvard ha advertido que las contínuas exigencias del gobierno representan una amenaza no solo para su autonomía, sino también para la libertad de todas las instituciones de educación superior en el país.
Este desarrollo ha suscitado reacciones tanto a nivel académico como entre los defensores de los derechos de los estudiantes, que ven en esta acción un ataque claro a la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo. A medida que se desarrolla esta situación, la comunidad educativa y los interesados esperan con atención el próximo paso que tomará la administración Trump en este tema de vívida relevancia social y política.
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