El flujo de remesas hacia México ha experimentado una significativa contracción en abril, y las autoridades mexicanas están preocupadas por las implicaciones de esta tendencia. Según un informe del Banco de México (Banxico), los ingresos por remesas ascendieron a 4,761 millones de dólares, lo que representa una disminución anual del 12.1%. Este superávit en la cuenta de remesas, que se situó en 4,661 millones de dólares, es inferior al de 5,301 millones de dólares registrado en el mismo mes del año anterior.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación y ha iniciado un análisis sobre las causas de esta disminución en el primer trimestre de 2025. En abril, también se observó una reducción mensual del 6.9% en los ingresos por remesas y un aumento del 14.5% en los egresos, lo que resultó en un superávit de 4,793 millones de dólares, un descenso respecto a los 5,166 millones de dólares de marzo.
Una de las preocupaciones más grandes de las autoridades es el impacto de una posible legislación en Estados Unidos que busca imponer un impuesto adicional a las remesas. La presidenta Sheinbaum calificó esta propuesta como injusta y una violación de tratados internacionales. Aunque el impuesto no ha sido aprobado, la discusión sigue activa, y se han llevado a cabo gestiones diplomáticas para abordar el tema.
Expertos como Alberto Ramos de Goldman Sachs sugieren que el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. ya podría estar afectando el flujo de remesas, un apoyo económico vital para muchas familias en México. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha solicitado prudencia y espera un análisis más profundo para entender completamente la situación.
Si el impuesto de 3.5% sobre las remesas llegara a ser un hecho, especialistas advierten que podría surgir un mercado negro de transferencias informales. Dilip Ratha, experto en migración y remesas, estima que el encarecimiento de estas transferencias incentivaría el uso de canales no oficiales, lo que a su vez podría reducir los ingresos fiscales esperados por el gobierno estadounidense, generando alrededor de 1,000 millones de dólares en recaudación.
Adicionalmente, economistas de Oxford Economics sugieren que tanto migrantes documentados como indocumentados podrían empezar a utilizar ciudadanos estadounidenses para enviar remesas o recurrir a criptomonedas y otras redes informales. La gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ya ha advertido que la aplicación de este gravamen representaría un retroceso en la inclusión financiera, y alentaría el uso de métodos menos seguros para el envío de dinero, afectando así a millones de familias en México que dependen de estas transacciones.
Este panorama, con su complejo entramado de políticas migratorias y repercusiones económicas, continua evolucionando y merece un seguimiento detallado por sus múltiples implicaciones tanto en el ámbito local como internacional.
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