El Ejército de Estados Unidos confirmó la realización de las primeras detenciones de migrantes dentro de las áreas militares establecidas en la frontera sur como parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump para frenar la inmigración ilegal.
Las zonas, que abarcan 418 kilómetros en los estados de Nuevo México y Texas, fueron designadas como extensiones de bases militares por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esta medida otorga a los soldados la facultad de retener temporalmente a migrantes y otros civiles considerados intrusos, hasta que puedan ser entregados a la Patrulla Fronteriza.
Según el portavoz del Ejército, Mayor Geoffrey Carmichael, tres migrantes fueron detenidos el pasado 3 de junio cerca de Santa Teresa, en Nuevo México. “Esta es la primera vez que personal del Departamento de Defensa registra una detención temporal dentro de cualquiera de las dos Áreas de Defensa Nacional”, señaló en un comunicado.
A diferencia de operaciones anteriores, donde los efectivos militares solo apoyaban en labores de vigilancia o construcción, ahora pueden registrar personas, aplicar medidas de control de multitudes y detener a quienes ingresen a las zonas designadas. Esto ha sido posible sin recurrir a la Ley de Insurrección de 1807, que habilita al presidente a desplegar tropas en respuesta a disturbios civiles.
La medida ha provocado una ola de críticas dentro y fuera del país. La presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos evitar tratar a los migrantes como criminales y exigió respeto a los derechos humanos. “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia”, declaró.
Mientras tanto, protestas se han multiplicado en varias ciudades estadounidenses, como Los Ángeles y Nueva York, tras las redadas masivas contra inmigrantes indocumentados y la movilización de tropas de la Guardia Nacional por orden de Trump.
Sin embargo, las detenciones dentro de las zonas militares ya enfrentan obstáculos legales. Tribunales en Texas y Nuevo México han desestimado cargos por allanamiento en algunos casos, como el de una mujer peruana que fue absuelta tras alegar que desconocía estar ingresando en un área restringida.
Según cifras del Ejército, cerca de 390 personas han sido detectadas cruzando ilegalmente estas zonas hasta la fecha.
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