Se sabía que Biden no iba a ser Obama con Cuba. Y que levantar las sanciones de Trump y retomar la política de acercamiento del anterior presidente demócrata podría demorar tiempo. Pero nadie imaginó que las cosas pudieran torcerse tanto. Casi cinco meses después de su llegada a la Casa Blanca, ni una sola de las 240 medidas para recrudecer el embargo adoptadas por Trump ha sido levantada. Los reproches de Washington por la situación de los derechos humanos en la isla van en aumento, y la nueva Administración acaba de decir que La Habana no colabora plenamente con Washington en la lucha contra el terrorismo, por lo que seguirá en su lista negra. La reacción de la Cancillería cubana fue inmediata: “Se trata de una acusación totalmente infundada y utilizada con fines políticos, que intenta justificar las agresiones contra Cuba, incluido el inhumano bloqueo económico, comercial y financiero que sufre nuestro pueblo”. De las expectativas iniciales poco queda. Día a día se vuelve a la retórica enconada de la era Trump, y de la normalización de Obama ya ni se habla: para Cuba, Biden es el presente y el pasado.
En las últimas semanas, los rifirrafes diplomáticos entre ambos países se han multiplicado. El 4 de mayo, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, dijo durante la 51 Conferencia del Consejo de las Américas que su país “condenará la represión de los derechos humanos en la isla” y defenderá “los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y reunión”. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió horas después: “Si el secretario Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo y las 243 medidas aplicadas por el Gobierno anterior, vigentes hoy en medio de la covid-19. Restablecería servicios consulares y la reunificación familiar”.
La semana pasada, a raíz de la huelga de hambre del artista y activista disidente Luís Manuel Otero Alcántara y de su traslado a la fuerza a un hospital de La Habana —en el que lleva casi cuatro semanas ingresado y aislado— y el posterior arresto del rapero opositor Maykel Osorbo, la secretaria adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, dijo que EE UU rechazaba “la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión”. “El Gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos”, agregó la funcionaria, pidiendo la “inmediata liberación” de los dos integrantes del denominado Movimiento San Isidro. Esta vez respondió la subdirectora general de EE UU de la cancillería cubana, Johana Tablada, considerando el pronunciamiento de Chung “abiertamente demagógico e injerencista” y un “simulacro de preocupación por los derechos humanos, mientras esconde los verdaderos propósitos del gobierno estadounidense”. “A EE UU no le preocupa el pueblo de Cuba y ni siquiera le preocupan aquellos ciudadanos cubanos a los que de manera sistemática financia, orienta y promueve con alta visibilidad para fabricar acciones ilegales de desestabilización y generar una falsa imagen de Cuba, pretextos con los cuales intenta justificar su criminal política de bloqueo económico”, dijo Tablada.
Para empeorar la cosa, esta semana Washington designó a Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, entre los países que “no cooperan” del todo en sus “esfuerzos antiterroristas”, lo que justificaría mantener a la isla en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que Trump la incluyó nueve días antes de dejar la Casa Blanca, una última sanción con el objetivo de obstaculizar cualquier posible acercamiento a La Habana. “Sorprende e irrita la calumnia y que [la administración Biden] aplique la política de Trump”, contratacó Rodríguez.
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