En un reciente acontecimiento político que ha captado la atención en Veracruz, Rocío Nahle, la mandataria estatal, ha señalado al partido Movimiento Ciudadano (MC) por haber postulado a candidatos con supuestos vínculos a la delincuencia organizada. En una conferencia de prensa, Nahle destacó que MC obtuvo 42 presidencias municipales, muchas de las cuales contaron con el apoyo de individuos que, debido a sus circunstancias legales, operaron desde sus hogares bajo arresto domiciliario.
Esta declaración surge en un contexto de tensión política, ya que Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de MC, ha denunciado que Morena y Nahle cometieron fraude en el conteo de votos a nivel distrital durante las elecciones municipales, alegando que esta acción buscaría despojar a los candidatos emecistas de su legítimo triunfo en localidades como Poza Rica y Papantla.
Nahle presentó ejemplos concretos para respaldar sus afirmaciones. Mencionó a Gregorio Gómez, exalcalde de Tihuatlán, quien fue encarcelado por tentativa de homicidio doloso y liberado por un juez federal en marzo. Según la mandataria, Gómez habría estado operando a favor de MC en varias ciudades como Poza Rica, Tihuatlán y Papantla.
En otro caso, destacó la situación de Ramón Ortiz Cisneros, un exdirigente sindical que está actualmente bajo un proceso judicial por delitos relacionados con la salud y el uso ilegal de armas, pero que se encuentra en libertad condicional desde marzo. En las Choapas, Jesús Uribe, quien tenía sentencia condenatoria a 20 años de prisión, fue perdonado por un juez y ahora es presidente municipal electo por MC.
Esta serie de eventos plantea interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en la región, así como los posibles nexos entre la política y la delincuencia organizada. A medida que la situación se desarrolla, el interés ciudadano en el ámbito político de Veracruz sigue en aumento, lo cual podría generar importantes debates sobre la relación entre la política y la justicia en el estado.
La información aquí presentada refleja datos hasta el 10 de junio de 2025 y debe ser interpretada dentro del contexto actual de la política veracruzana.
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