En un contexto reciente, el gobierno mexicano ratificó que la política exterior no es su fuerte. Un primer indicio fue la mera descalificación del informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que la OEA había excedido sus límites al señalar que “no recomienda que este modelo de elección de jueces se replique en otros países de la región”.
El informe, más allá de juicios de valor, presenta una serie de hechos que resultan incómodos. Entre ellos destacan:
– La participación de unos 13%, uno de los porcentajes más bajos en la región.
– El notable número de votos nulos y no marcados.
– La realización del proceso en un plazo extremadamente corto, en medio de una alta polarización política.
– La singularidad de elegir a la totalidad de los jueces mediante sufragio universal, sin un precedente mundial.
– Denuncias sobre prácticas irregulares durante la jornada electoral.
Estos elementos, despojados de retórica, son evidencias bien conocidas tanto por detractores como por defensores del proceso. Sin embargo, desde el Palacio Nacional se persiste en defender una jornada claramente opaca.
Es natural que las conclusiones de la OEA incomoden, y predecible que el gobierno las desestime. Las misiones de observación electoral son, intrínsecamente, espejos que incomodan a los regímenes que enfrentan erosión democrática, como ocurrió en Nicaragua en 2021 con la reacción de Daniel Ortega ante las observaciones de la OEA.
Un miembro de la OEA, en una conversación reciente, hizo hincapié en que “la OEA es lo que los países miembros hacen de ella”. Es correcto que sus resoluciones no son vinculantes y su poder se considera simbólico. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, rechazar lo simbólico significa renunciar a parte de la proyección internacional del país. México, como nación abierta al mundo, debe aceptar ciertos compromisos y prácticas que refuercen la legitimidad democrática.
Un segundo episodio ocurrió en el Senado cuando el líder del partido oficial, Morena, se mofó del senador republicano Eric Schmitt, utilizando un tono despectivo en respuesta a su propuesta de gravar las remesas. Aunque la iniciativa del senador estadounidense puede considerarse desacertada, no justifica la vulgaridad del oficialista. Este tipo de comportamientos evidencian una clase política enfocada más en provocar que en construir puentes.
En un llamado a la unidad y evitando la confrontación, Sheinbaum también hizo un anuncio positivo: su asistencia a la Cumbre del G7 en Canadá. Esta decisión representa la oportunidad de dialogar con los principales socios comerciales de México, aunque no exenta de riesgos.
Recientemente, se ha debatido sobre las múltiples facetas de Sheinbaum, quien combina la capacidad de contener la impulsividad del entorno político con el papel de consolidar el poder de su mentor en un sistema cada vez más autoritario. Esta dualidad se refleja en su enfoque hacia la política exterior: por un lado, defiende la doctrina de no intervención como un baluarte ideológico de su administración, y por otro, reconoce la necesidad de participar en diálogos con las grandes economías del mundo.
En definitiva, el complejo panorama de la política exterior mexicana, reflejado en elecciones y reacciones, sigue generando un vibrante debate que está lejos de resolverse. La habilidad para navegar estas aguas complejas será clave en el futuro cercano.
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