En un momento crucial para la justicia en México, legisladoras y especialistas han destacado la imperiosa necesidad de armonizar la legislación referente a delitos sexuales y el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Durante el Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales, se advirtió que las variaciones en las normativas entre los estados obstaculizan la persecución efectiva de estos crímenes.
Paula Gándara Autrique, integrante de la Fiscalía General de la República (FGR), subrayó que uno de los mayores obstáculos para sancionar estos delitos radica en la falta de armonización legislativa a nivel nacional. Esta disparidad se traduce en que ciertos estados imponen penas mínimas, creando un entorno de impunidad que desafía a las víctimas a buscar justicia. “La armonización legislativa en materia de delitos sexuales es un desafío urgente”, afirmó Gándara, destacando que la fragmentación normativa no debe ser subestimada.
Actualmente, existen 34 códigos penales estatales que varían considerablemente, lo que complica aún más la persecución de delitos como el abuso sexual y la corrupción de menores. En algunos casos, las penas pueden ser tan bajas como un año de prisión o multas irrisorias, lo que contribuye a una definición ambigua y poco efectiva de estos delitos.
Mónica Miguel Muñoz Olmedo, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que los delitos sexuales contra menores están marcados por un alarmante subregistro. Se estima que por cada caso denunciado, existen entre cinco a diez que nunca llegan a ser reportados a las autoridades. Esta situación ha sido objeto de recomendación por parte del Comité Internacional de los Derechos del Niño hacia el Estado mexicano.
Asimismo, se hizo hincapié en la falta de medidas adecuadas para la investigación y rendición de cuentas por parte de las fiscalías, además de la existencia de barreras que dificultan el acceso a los canales de denuncia. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hizo un llamado para establecer una agenda común nacional, sugiriendo que un mismo delito puede recibir sanciones dispares dependiendo de la entidad federativa.
Entre los múltiples desafíos, se destaca la necesidad de abordar realidades emergentes como las violencias digitales y el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Villavicencio también abogó por la implementación de políticas orientadas a proteger, específicamente, a las niñas, enfatizando la persistencia del matrimonio infantil.
En conclusión, es imperativo que el país avance hacia una legislación coherente y eficiente que no sólo aborde los delitos ya existentes, sino que también considere la evolución de las nuevas modalidades de violencia. La necesidad de promover una crianza positiva y dejar de normalizar la violencia se presenta como un aspecto fundamental en la construcción de un entorno seguro para los menores. La lucha por sus derechos y su bienestar continúa siendo una tarea colectiva en la que todos debemos participar.
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