La fiscalía de República Dominicana ha solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat, principal responsable de la discoteca Jet Set, que se derrumbó en Santo Domingo durante un concierto el pasado 8 de abril, resultando en la trágica pérdida de 236 vidas. La detención de Espaillat tuvo lugar el jueves pasado, junto con su hermana Maribel, quien también es propietaria del establecimiento. La fiscalía acusa a ambos de “inmensa irresponsabilidad y negligencia” en la gestión del local, además de presuntamente intimidar a empleados que podrían ser testigos en el caso.
El fiscal Héctor García comunicó que se requiere prisión preventiva para Antonio Espaillat, mientras que se propone un régimen de arresto domiciliario para Maribel. La decisión sobre esta solicitud será emitida por el tribunal el domingo.
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, que operó en el mismo lugar desde 1994, ocurrió durante la actuación del famoso merenguero Rubby Pérez, quien lamentablemente también perdió la vida en el incidente. Los expertos coinciden en que la tragedia se debió a una sobrecarga estructural, día a día afirman que la falta de control y regulación de infraestructuras en el país contribuyó a esta catástrofe. Las autoridades han reconocido un vacío legal en la supervisión de tales edificaciones.
Adicionalmente, se ha informado que los familiares de las víctimas han presentado más de 80 demandas civiles contra la familia Espaillat, un poderoso conglomerado que no solo opera la discoteca, sino que también está involucrado en medios de comunicación y restaurantes. En sus declaraciones, Espaillat había reconocido previamente que el local había tenido problemas de filtración y nunca había recibido la supervisión necesaria por parte de las autoridades competentes.
El cargo de homicidio involuntario, que enfrenta Antonio Espaillat, conlleva una pena que varía entre tres meses y hasta dos años de prisión. Su abogado, Miguel Valerio, ha solicitado que Espaillat pueda enfrentar el proceso en libertad, asegurando que su cliente se encuentra “tranquilo y consciente de su situación”, a la espera de la decisión del tribunal.
El trágico evento ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar y fortalecer las regulaciones sobre la seguridad de edificaciones en el país, en un contexto donde la prevención de tales desastres debe ser una prioridad para las autoridades competentes.
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