La oscura herencia de Escobar en Colombia

Durante la década de 1980, Pablo Escobar no solo fue el responsable de revolucionar el narcotráfico en Colombia, sino que también dejó una huella dolorosa al reclutar a un ejército de adolescentes pobres que actuaron como sicarios. Estos jóvenes, seducidos por la promesa de dinero, fueron llevados a cometer crímenes atroces contra funcionarios y autoridades, creando una herencia que aún persiste en la sociedad colombiana.

Recientemente, esta oscura época fue traída de nuevo a la memoria colectiva del país tras el intento de asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, que se produjo durante un encuentro con simpatizantes en un parque de Bogotá. El sábado pasado, un adolescente de 15 años fue imputado tras presuntamente dispararle al político, quien se encuentra en estado crítico en un hospital. El joven, que se declaró inocente y permanece detenido, fue captado en un video en el que se le ve mezclándose entre la multitud antes de abrir fuego.

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Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia, recalca que este tipo de violencia no es algo excepcional en el país. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que las bandas criminales tienden a utilizar adolescentes debido a que el sistema legal les impone penas más ligeras en comparación con los adultos. En 2024, casi 5,000 jóvenes de entre 14 y 17 años ingresaron al sistema penal colombiano tras cometer delitos, incluyendo homicidios.

Los adolescentes involucrados en la delincuencia a menudo provienen de barrios desfavorecidos, donde la falta de oportunidades educativas y condiciones familiares inestables los empuja a buscar soluciones rápidas para mejorar su situación, a veces convirtiéndose en criminales. Investigaciones indican que estas organizaciones ofrecen entre 50 y 500 dólares a menores por llevar a cabo asesinatos, aunque muchos de ellos son engañados y nunca reciben el dinero prometido.

El menor acusado de atacar a Uribe expresó su disposición a cooperar con las autoridades, explicando que actuó bajo órdenes de alguien en la “olla,” término utilizado en Colombia para referirse a los puntos de venta de drogas. Astrid Cáceres, líder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó que, en varios casos, estas mafias incitan a los menores a delinquir mediante el consumo de sustancias psicoactivas.

En Colombia, la pena máxima que puede recibir un menor por homicidio es de ocho años, mientras que un adulto podría enfrentar hasta 50 años de prisión. Esta costumbre de utilizar menores para cometer delitos busca claramente eludir la justicia y aprovecharse de su marginalidad. El penalista Francisco Bernate opinó que el desarrollo cerebral de los adolescentes influye en su capacidad para entender las repercusiones de sus actos, y que, en la mayoría de los países, los menores reciben un tratamiento diferenciado en el sistema legal.

A lo largo de la historia reciente de Colombia, el uso de menores en crímenes violentos es un oscuro legado que evoca recuerdos trágicos, como el asesinato de Bernardo Jaramillo, un candidato presidencial que fue abatido por un joven de apenas 16 años en 1990. Este patrón de violencia ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana, subrayando la urgente necesidad de abordar las causas subyacentes que llevan a los jóvenes a convertirse en protagonistas de tan sombrías narrativas.

La realidad de estos jóvenes no solo es un reflejo de la violencia del pasado, sino también un desafío perenne que exige atención y acción para construir un futuro más esperanzador en Colombia.

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