En un reciente desarrollo que ha calado hondo en el sector energético, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) ha emitido una advertencia sobre la grave situación financiera que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex). La falta de pago a proveedores podría llevar a muchos de estos a la quiebra a partir de julio, lo que generaría una crisis operativa en el sector.
A pesar de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano para regularizar los pagos a estos proveedores, los avances han sido mínimos y no han logrado abordar el problema de los pasivos de manera significativa. Según datos recientes, al cierre del tercer trimestre de este año, Pemex reportó una obligación de 404,000 millones de pesos con sus proveedores, lo cual representa una reducción de solo el 20% respecto a los 500,000 millones de pesos acumulados al final del 2024. Este dato es notable, especialmente al comparar la cifra actual con la de 2018, donde la deuda se ubicaba en un 260% menos.
Desde noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado su expectativa de saldar una parte considerable de esta deuda en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, la situación persiste al no concretarse los pagos. Amespac ha señalado que sus miembros enfrentan cuentas impagas que superan los 50,000 millones de pesos, algunos con más de un año de antigüedad. Este fenómeno ha llevado a muchas empresas del sector a disminuir drásticamente sus operaciones, ya que su flujo de caja está “seriamente comprometido”.
La Amespac ha calificado esta situación como “sombría”, subrayando la urgencia de establecer una mesa de negociación con las autoridades correspondientes, incluyendo la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. El objetivo sería tripartito: primero, reconocer y liberar la facturación de los servicios prestados y certificados en el 2024; segundo, garantizar pagos regulares y puntuales para los servicios del 2025; y, tercero, diseñar un programa de pagos que contribuya a liquidar los adeudos históricos.
Es vital que el sector y las autoridades trabajen conjuntamente para asegurar la continuidad operativa de las empresas proveedoras y evitar un colapso que podría tener repercusiones significativas en la industria energética mexicana. La solución a esta problemática no solo beneficiaría a las empresas, sino que también tendría un efecto positivo en la economía nacional en su conjunto.
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