Hoy en día, las juventudes en México constituyen una de las poblaciones más diversas y dinámicas del país, a pesar de afrontar profundas desigualdades estructurales que limitan su acceso a oportunidades y derechos. Esta realidad es especialmente notable en contextos rurales, indígenas, afrodescendientes, así como en situaciones marcadas por la pobreza y la violencia. En cifras, se trata de 40.1 millones de personas de entre 12 y 29 años, representando el 30.1% de la población total del país (Conapo, 2024). Lorenzo Jiménez Ruiz, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, destaca la importancia de esta “bono demográfico” que exige atención y acción.
Recientemente, se presentó el Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes (IDHJ) en México: Retos y caminos hacia un futuro inclusivo. Este documento subraya la importancia de la juventud, en un momento en que la población joven está disminuyendo y la adulta está en crecimiento. Bárbara Miranda, asociada de Programas de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), enfatiza que este momento demográfico es una oportunidad que no se repetirá, subrayando la necesidad de invertir en las juventudes para asegurar la sostenibilidad social y económica del país.
En cuanto al perfil de la juventud mexicana, el 37.5% de esta población se encontraba en situación de pobreza en 2022 (Coneval, 2025). Además, 2.1 millones de jóvenes hablan una lengua indígena, mientras que 773 mil se identifican como afrodescendientes. También, 2.6 millones de jóvenes viven con alguna discapacidad, enfrentando desafíos únicos en educación, empleo y salud, que son pilares de estudio en este informe.
El IDH-J para México en 2022 fue de 0.71 (nivel alto), aunque por debajo del IDH general de 0.78. Las disparidades entre estados son notorias; Chiapas presenta el IDH-J más bajo con 0.61, mientras que otras 18 entidades están clasificadas como de alto desarrollo. Un total de 16.6 millones de jóvenes residen en estados con IDH-J medio, reflejando un panorama complejo de desigualdades territoriales y brechas internas dentro de cada entidad.
La desigualdad no solo es evidente entre los estados, sino que también se manifiesta en las consecuencias de las decisiones políticas y económicas sobre la vida de los jóvenes. Chiapas, por ejemplo, presenta los niveles más bajos en educación e ingresos. En contraste, Nuevo León se destaca en desarrollo de ingresos, aunque la informalidad laboral en este segmento sigue siendo alta en otras entidades como la Ciudad de México y Campeche.
El informe también aborda un aspecto alarmante: la desaparición de jóvenes en el país. Con más de 115 mil personas desaparecidas, la mitad de ellas en el rango de 12 a 29 años, la violencia organizada y el conflicto territorial son factores que acentúan esta crisis.
El estudio incluso examina aspectos como fecundidad adolescente, escolaridad y barreras económicas, planteando un futuro incierto si no se toman decisiones acertadas. Con un escenario demográfico que sugiere que, si no se actúa adecuadamente, un tercio de esta población joven podría convertirse en parte de los sectores más vulnerables del país, es evidente que los desafíos son significativos.
Los datos y análisis presentados en este informe resaltan la urgencia de políticas inclusivas que respondan a las necesidades y potencialidades de las juventudes en México, considerando la diversidad de contextos y condiciones que enfrentan. Tal multiplicidad de identidades y realidades debe ser atendida para construir un futuro más equitativo y prometedor para todos.
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