En el análisis exhaustivo de la economía mexicana, es ineludible abordar la problemática de la supervisión bancaria. Desde la experiencia en el ámbito del Banco Central, donde la liquidez y la solvencia bancaria son centrales, hemos sido testigos de la incapacidad del Estado mexicano para prevenir quiebras bancarias, con ejemplos emblemáticos como el rescate del Banco de Londres en 1934 o el caso de la financiera Somex en 1963.
Recientemente, la Sofipo CAME se suma a esta lista de intermediarios que han sucumbido ante la insolvencia, un hecho que no debe ser tomado a la ligera. Con un apalancamiento del 43% de las obligaciones en su sector y más de 1.3 millones de ahorradores que depositaron su confianza en CAME, su caída representa un impacto significativo. Además, es crucial mencionar que no todos los ahorradores están protegidos por el seguro de Prosofipo, ya que solo cerca del 1% de los depositantes pueden acceder a montos superiores al mínimo asegurado de 212,000 pesos.
Lo que preocupa aún más es el tiempo prolongado durante el cual CAME incurrió en prácticas irregulares. Desde su inicio, la entidad buscó atraer a los ahorradores con tasas de interés superiores a las del mercado, lo que eventualmente llevó a manipulación contable y engaño hacia las autoridades. A pesar de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la intervención fue tardía y se vio forzada por la inminente obligación de 800 millones de pesos que debía al fideicomiso FIRA.
El caso de CAME expone una vez más la falta de efectividad y la ingenuidad de las entidades estatales al interactuar con instituciones que presentan riesgos significativos. La historia ha demostrado que la CNBV carece de una estrategia preventiva efectiva; como bien señala un columnista, las “dudas respecto a la eficiencia para detectar irregularidades y el deterioro de la capitalización” de estas entidades siguen latentes.
Este panorama sugiere la necesidad urgente de revisar y reforzar las prácticas de supervisión dentro del sector bancario, a fin de ofrecer una mayor seguridad a los ahorradores y evitar que la historia se repita. La fecha de este análisis corresponde al 19 de junio de 2025, y resuena con la realidad actual en el terreno de la economía mexicana, donde la confianza en las instituciones es un pilar fundamental para la estabilidad del sistema financiero.
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