El panorama económico de México está siendo objeto de profunda preocupación. Según los datos más recientes, el PIB, medido a precios de 2018, alcanzó los 24,919.3 miles de millones de pesos en el primer trimestre de 2025, un leve incremento respecto a los 24,605.3 miles de millones de pesos del cuarto trimestre de 2018. Esto se traduce en un crecimiento acumulado de únicamente 1.27% durante los 25 trimestres de gobierno actual, lo que equivale a una media de tan solo 0.05% por trimestre.
Otra aproximación para evidenciar este estancamiento es a través del Indicador Global de Actividad Económica, que representa una versión mensual del PIB. En noviembre de 2018, al final del mandato de la administración anterior, este indicador fue de 104. Para mayo del presente año, el valor alcanzó 104.7, lo que refleja un escaso crecimiento acumulado de 0.67% durante los 77 meses de gobierno actual, resultando en una media de 0.008% al mes.
El contexto del estancamiento económico es bien conocido: desde la controvertida cancelación del nuevo aeropuerto, que desalentó la inversión privada, hasta el empoderamiento de la delincuencia y la extorsión que se han convertido en un impuesto adicional para los ciudadanos. Asimismo, la falta de una política fiscal contracíclica durante la pandemia agravó la caída económica del 2020, limitando cualquier posible recuperación en 2021. A esto se suma un alarmante aumento en la deuda pública, que creció siete billones de pesos entre 2019 y 2024.
La situación se complica aún más con la implementación de programas de transferencias gubernamentales que, aunque buscan generar lealtad política, perjudican la productividad a largo plazo. Las inversiones en obras públicas deficitarias y el derroche de recursos en proyectos poco rentables han contribuido a la erosión del crecimiento nacional.
A pesar de las promesas de un futuro próspero, las expectativas parecen sombrías, especialmente con la actual presidenta, quien ha introducido medidas que comprometen aún más los fundamentos para el crecimiento sostenible. Aunque se establece la meta de que México sea la décima economía más grande del mundo, es crucial reconocer que el PIB por habitante es un indicador más relevante.
Considerando comparaciones con otros países, en 2023, mientras que el PIB francés se situaba en 3,982 millones de dólares, el de México fue de 3,216 millones de dólares. Esto significa que el PIB por kilómetro cuadrado en Francia fue de 6.2 millones de dólares, en comparación con solo 1.6 millones de dólares en México. Asimismo, Japón, con una población similar, duplicó el PIB mexicano.
Asumir como meta estar entre las diez economías más grandes del mundo es un enfoque equivocado. Lo esencial debe ser incrementar el PIB por habitante de manera sostenida, algo que es cada vez más difícil bajo un marco institucional que no fomenta la inversión.
La erosión de los contrapesos dentro del poder judicial y la consolidación de un régimen con tendencias autoritarias han creado un entorno de incertidumbre que disuade la inversión. Simultáneamente, la voluntad de la presidenta de incrementar la participación del gobierno en la economía, caracterizada por la ineficiencia y la opacidad, continúa mermando la productividad y, por tanto, el crecimiento.
Las proyecciones para este año sugieren que la economía podría estancarse y que este estancamiento podría prolongarse en el tiempo, impactando negativamente el PIB por habitante y alejando cualquier aspiración de estar entre las diez economías más grandes a nivel mundial. La tarea, por tanto, es inmensa y los desafíos económicos necesitan ser abordados con urgencia y responsabilidad.
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