La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), presentada por el poder Ejecutivo mexicano en abril, ha suscitado serias preocupaciones entre expertos en el ámbito de la competencia y el comercio internacional. En específico, el trato de excepción propuesto para las empresas del Estado podría dificultar el cumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Alejandra Palacios, expresidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), expresó sus inquietudes en un foro organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Subrayó que, aunque es evidente que las empresas más mencionadas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), no se ha definido con claridad en la iniciativa el alcance de este trato de excepción. Esto abre la puerta a interpretaciones amplias que podrían incluir a otras empresas con participación estatal.
El artículo 6 de la reforma establece que las funciones del Estado en ciertas áreas constitucionalmente determinadas no se consideran monopolios, ni tampoco las actividades de las empresas públicas del Estado y aquellas especificadas en otras leyes del Congreso. Sin embargo, este enunciado plantea ambigüedades que, según Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México, deben ser abordadas para garantizar un marco legal claro y equitativo para todas las empresas.
Un enfoque que ha despertado preocupación es el posible régimen de excepción para empresas estatales, el cual podría entrar en conflicto con las disposiciones del T-MEC, que exige un trato equitativo para todas las empresas y promueve una regulación neutral. Alejandro Faya Rodríguez, comisionado de la Cofece, hizo hincapié en que esta situación podría significar una violación del T-MEC en términos de trato nacional.
La reforma a la LFCE tiene como objetivo cumplir con la reforma constitucional de diciembre de 2024, que plantea importantes cambios en la reorganización de funciones en el Estado. Esto incluye la transformación de la Cofece y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en nuevas entidades bajo la administración pública federal. En el caso particular de la Cofece, se prevé su reemplazo por la Comisión Nacional Antimonopolio, un órgano que, aunque estará bajo la Secretaría de Economía, se espera que mantenga independencia técnica, operativa y presupuestal.
La iniciativa ha sido bien recibida en términos de sus aspectos de mejora, especialmente en lo que respecta a procedimientos y sanciones, ofreciendo esperanza a los expertos presentes en el foro. Palacios reconoció que la propuesta aborda algunos de los puntos que ella misma consideró durante su mandato al frente de la Cofece, lo que sugiere un avance en la dirección correcta.
Esta discusión es crucial no solo para el marco normativo en México, sino también para las relaciones comerciales y de inversión en la región, destacando la importancia de una competencia justa y equitativa en el contexto de los compromisos internacionales asumidos por el país. La reforma será debatida en el período extraordinario de sesiones del poder legislativo, que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio.
Esta información es conforme a lo que se conocía hasta el 23 de junio de 2025, y se sugiere estar atento a posterior a esa fecha para conocer más sobre la evolución de la iniciativa y sus implicaciones en el ambiente económico y comercial.
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