El pleno de la Cámara de Diputados se prepara para una votación crucial en torno a una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que podría transformar la relación entre las fuerzas armadas y la política en México. Esta iniciativa busca modificar la ley para permitir que los militares en activo se involucren en la arena política, abriendo la posibilidad de que ocupen cargos de elección popular o sean funcionarios en diversas dependencias gubernamentales a través de una licencia “especial”.
La propuesta surge como parte de la nueva Ley de la Guardia Nacional, propuesta por Sheinbaum, que también incluye leyes secundarias derivadas de una reforma del 2024. Esta reforma ordena que la Guardia Nacional esté compuesta completamente por militares, lo que implica que los elementos de la Sedena serían los beneficiados de esta nueva normativa.
Un aspecto central es el Artículo 44, que introduce cuatro tipos de licencias para los integrantes de la Guardia Nacional: ordinaria, ilimitada, especial y por edad límite. La licencia “especial”, particularmente notoria, dejaría en manos del Ejecutivo Federal y del titular de la Sedena la decisión de otorgarla o negarla, e implicaría que los beneficiados podrían desempeñar cargos de elección popular. Sin embargo, su redacción ambigua no especifica si esto incluye candidaturas a puestos como jueces, legisladores o incluso la presidencia.
Además, este permiso permitiría a los miembros de la Guardia Nacional asumir funciones civiles en diversas dependencias del gobierno, siempre que se separen temporalmente de sus funciones de seguridad para poder realizarlas.
La reforma especifica que los permisos serán otorgados sin el goce de haberes, a menos que se determine lo contrario por el presidente de la República. Una vez cumplida la tarea civil, la reincorporación al servicio militar será a discreción de la Sedena o del Ejecutivo.
Expertos en el tema, como Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, han expresado preocupaciones sobre esta propuesta, advirtiendo que podría conducir a la politización del Ejército e incluso a un posible “golpe de Estado”. Ortega señala que esta reforma permitiría a los militares en activo ocupar cargos que tradicionalmente no están destinados a ellos, lo que podría significar que un general, por ejemplo, llegue a ser gobernador o juez sin pasar por un proceso electoral adecuado.
Con el trasfondo de una política militarizada, este tema resuena fuertemente en la sociedad mexicana, donde la separación de las funciones militares y civiles es un tema delicado. Dada la relevancia y controversialidad de la iniciativa, su eventual aprobación tendrá un impacto significativo en el futuro político del país y en la percepción de la ciudadanía hacia el papel de las fuerzas armadas en la vida política.
Este contenido ha sido elaborado con base en información disponible hasta el 23 de junio de 2025, y no incorpora eventos o modificaciones que hayan podido ocurrir posteriormente. El debate sigue muy vivo y se espera que el resultado de esta votación influya en el rumbo de la política nacional.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
