El gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tomado una decisión significativa que promete resonar en el ámbito espacial y ambiental. En una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum anunció que se procederá a demandar a SpaceX, la empresa de exploración espacial del conocido multimillonario Elon Musk. La razón detrás de esta acción es la preocupación por la contaminación generada por los lanzamientos de cohetes en territorio mexicano.
Sheinbaum destacó la necesidad de revisar exhaustivamente el impacto que estos lanzamientos, que se llevan a cabo en proximidad de la frontera, tienen sobre el medio ambiente y la población local. Su declaración subrayó la intención de actuar conforme a las leyes internacionales, haciendo hincapié en que el gobierno mexicano está preparado para presentar las reclamaciones necesarias para proteger su territorio y sus habitantes.
Esta notoria medida no solo refleja un gesto hacia la preservación del medio ambiente, sino también una clara postura sobre la soberanía de México en asuntos que afectan su espacio aéreo y el bienestar de su población. La decisión de demandar a una empresa con el peso y la influencia de SpaceX podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre países y corporaciones en el ámbito de la tecnología espacial.
Es importante señalar que esta información se basa en hechos ocurridos a fecha del 25 de junio de 2025, un momento en el que el auge de la industria espacial se encontraba en su apogeo, planteando desafíos nuevos y complejos en la intersección entre innovación tecnológica y responsabilidad ambiental.
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