Desafíos financieros mexicanos: regulación y formación.

América Latina se enfrenta a un alarmante auge de ataques cibernéticos, siendo el ransomware uno de los principales protagonistas de esta situación. En 2023, México se posicionó como el segundo país más atacado de la región, presentando un preocupante 13.32% de las amenazas cibernéticas, solo superado por Brasil, que contabiliza un 22.61%.

Arturo Cabañas, experto en Cumplimiento y Seguridad en la Nube de AWS, ha identificado dos fallas que afectan profundamente al sector financiero en México: una educación deficiente en ciberseguridad y un marco regulatorio inadecuado. Según Cabañas, la mayor vulnerabilidad no reside en aspectos técnicos, sino en las acciones humanas. Las estadísticas revelan que el ransomware representa un alarmante 79% de los ataques en América Latina, en contraste con un promedio global del 53%. Este tipo de amenaza a menudo encuentra su camino a través de acciones cotidianas de los usuarios, como abrir correos fraudulentos o usar contraseñas débiles.

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La falta de capacitación generalizada contribuye a esta debilidad. El informe LATAM Financial Sector Threat Landscape 2025 de AWS revela que, en México, solo el 25% de las organizaciones ha implementado un plan robusto de ciberseguridad, a pesar de que el 77% tiene la intención de aumentar su presupuesto en este ámbito. Además, muchos empleados en bancos y fintechs carecen de la preparación necesaria para identificar y reaccionar ante ciberamenazas, a menudo sofisticadas, como las que utilizan inteligencia artificial para simular voces de colegas.

Otro desafío crítico es el uso de tecnologías heredadas. Muchas instituciones, especialmente las pequeñas y medianas empresas, aún operan con sistemas obsoletos y software desactualizado, lo cual crea vulnerabilidades comunes que son explotadas por grupos de cibercriminales como LockBit o Mispadu. La investigación indica que el 94% de los ataques en la región emplean tácticas como intrusiones en sistemas y ataques de ingeniería social, situaciones que podrían ser mitigadas mediante tecnologías actuales y buenas prácticas en autenticación multifactor.

La situación en México se complica aún más debido a la falta de armonización normativa. Aunque existen regulaciones que fomentan el uso de servicios en la nube, como la Ley General de Protección de Datos Personales, una carencia de alineación con estándares internacionales presenta un obstáculo considerable. Esta desarticulación lleva a prácticas como la “simulación de cumplimiento”, donde se afirman protocolos que no se ejecutan realmente, generando un cumplimiento aparente, pero ineficaz.

Los costos de estas vulnerabilidades son significativos. Se estima que el impacto de ciberataques en México podría llegar a alcanzar hasta 90,000 millones de dólares, lo cual representa un 6% del PIB, considerando la afectación a infraestructuras críticas. Las pérdidas ya se estiman alrededor de 15,000 millones de dólares en el sector financiero, abarcando desde pagos por rescates hasta daños reputacionales y sanciones regulatorias.

A pesar de estos desafíos, México muestra signos de avance con una apertura regulatoria hacia la nube, la formación de talento técnico y un aumento en la conciencia sobre la problemática de ciberseguridad. Sin embargo, como apunta Cabañas, existe una notable discrepancia entre lo que se declara y lo que realmente se implementa en términos de ciberseguridad.

Con la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, se vuelve crucial que las organizaciones mexicanas no solo reconozcan la necesidad de invertir en ciberseguridad, sino que también actúen con determinación para cerrar las brechas que aún persisten en sus sistemas y procesos.

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