Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una acusación grave contra el Gobierno de México, señalando a tres bancos que operan en el país: Intercam, Vector y CIBanco. La acusación los vincula con actividades de lavado de dinero por parte de cárteles mexicanos y tráfico de fentanilo. Este señalamiento fue interpretado en México como un obstáculo significativo a la implementación del Plan México, un esfuerzo del gobierno para abordar diversas problemáticas.
La fiscal estadounidense, Pam Bandi, incluyó a México en una “lista negra” de adversarios de su nación, junto a Irán, Rusia y China. Durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto de 2026, Bandi afirmó: “Cualquier adversario que quiera matar o envenenar a nuestros niños con drogas”.
Ante estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó una intervención gerencial temporal en CIBanco e Intercam. A pesar de las serias acusaciones, la CNBV emitió un comunicado reafirmando la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó cuestionamientos durante su conferencia mañanera, donde afirmó que el lavado de dinero de los bancos debe demostrarse “no con dichos sino con pruebas contundentes”. Aseguró que su administración no cubrirá a nadie ni permitirá la impunidad: “colaboramos, pero no nos subordinamos. No somos piñata de nadie”, sentenció.
Las autoridades federales del actual gobierno se encuentran en alerta tras el anuncio de Estados Unidos; esto incluye a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la propia Junta de Gobierno de la CNBV, considerando los conocidos vínculos de varios inversionistas y políticos en el contexto, especialmente la figura de Poncho Romo.
Dentro del ámbito financiero, se comienza a conversar sobre el “efecto Poncho Romo”, ya que desde 2012 se le ha conocido como un empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018, su influencia se vio limitada, evidenciada por la falta de apoyo de las fuerzas obradoristas para su candidato favorito. Asuntos actuales lo colocan nuevamente en el centro de la atención, y las respuestas del titular de Economía respecto a Romo son apenas evasivas.
Las organizaciones empresariales han comenzado a mostrar signos de inquietud y, en algunos casos, temor ante la posibilidad de una cacería de brujas por parte de las autoridades estadounidenses, que podría afectar a fondos de inversión, entidades financieras y grupos de banqueros que operan en México. En este contexto, la secretaria particular de Altagracia Gómez ha estado trabajando arduamente para asegurar comunicación con la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), buscando mantener la confianza en la seguridad de sus inversiones en el país.
Frente a la presión que provoca la ampliación de la lista negra de las autoridades estadounidenses y las preocupaciones sobre la inclusión de políticos mexicanos, Altagracia Gómez asume la responsabilidad de calmar los temores sobre el futuro económico en México. Lo que queda por ver es si podrá contener la creciente desconfianza entre los inversores y preservar el camino hacia el ambicioso Plan México.
La situación actual refleja un momento crítico en las relaciones bilaterales y financieramente entre México y Estados Unidos, del cual dependen numerosas dinámicas económicas en el futuro cercano.
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