La Paz, BCS.- En un giro radical en el terreno de las telecomunicaciones, México ha comenzado a desafiar a sus socios comerciales de América del Norte con la creación de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este cambio viene de la mano del proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum y que será debatido en el Congreso de la Unión.
El gobierno, bajo la Cuarta Transformación, justifica este movimiento con la supresión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la necesidad de limitar las atribuciones otorgadas anteriormente a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este cambio ha sido solicitado por los industriales del sector, quienes buscan un control más estricto.
A pesar de que se sugiere que la CRT se establecerá como un regulador autónomo en cumplimiento con los compromisos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la situación es más compleja. El nuevo marco legal propone una entidad que, aunque será técnica e independiente, seguirá bajo el control del Poder Ejecutivo. José Felipe Otero Muñoz, un reconocido experto en telecomunicaciones, ha señalado que este diseño podría contradecir los principios del T-MEC, ya que la dependencia del Ejecutivo federal podría inhibir la autonomía que se buscaba en esta nueva estructura.
El proyecto de ley estipula que la CRT estará compuesta por un pleno de cinco comisionados, encargados de tareas cruciales como la regulación del espectro radioeléctrico y la imposición de sanciones. Sin embargo, la relajación en los requisitos para los candidatos a comisionados plantea un riesgo significativo: la posibilidad de que el Presidente pueda influir directamente en la elección de estos cargos al presentar la misma terna de candidatos varias veces ante el Senado.
Otero advierte que este sistema podría comprometer la integridad de la CRT, convirtiéndola en otra herramienta del Ejecutivo, lo cual podría limitar su efectividad. Su enfoque se dirige también hacia la falta de criterios claros que aseguren la competencia técnica de los comisionados, un aspecto esencial en un sector tan delicado y en constante evolución.
Dado este contexto, el diseño de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sugiere que la regulación en el sector seguirá estando bajo la influencia de la Presidencia, lo que podría tener implicaciones serias en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Expertos en la materia sostienen que, si se preserva esta estructura, se corre el riesgo de no cumplir con las exigencias del T-MEC, lo cual podría generar tensiones diplomáticas y restricciones comerciales.
Esta evolución en el sector de telecomunicaciones refleja la complejidad de las dinámicas políticas y comerciales en México y resalta la necesidad de un equilibrio entre la autonomía regulativa y el control gubernamental. La votación del Senado de este sábado será un hito clave en este proceso, que podría definir el futuro de las telecomunicaciones en el país en un panorama global en constante cambio.
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