Durante más de dos décadas, cientos de miles de viviendas de interés social en México han vivido una metamorfosis preocupante: de ser construcciones nuevas a ser espacios abandonados y, posteriormente, invadidos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó hace unos meses que aproximadamente 650,000 de estas viviendas se encuentran actualmente en condiciones de abandono y vandalismo.
Este fenómeno es aún más alarmante si se considera que el país enfrenta un déficit habitacional serio. Según datos del gobierno federal, se requieren 2.8 millones de nuevas viviendas y la remodelación de 8.9 millones de inmuebles que actualmente están en precarias condiciones. Recientemente, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reveló que existen 843,000 viviendas “emproblemadas”. Aclaró que estas se habían clasificado como abandonadas o vandalizadas, pero el estado específico de cada una es todavía incierto. La Sedatu ha comenzado un censo para evaluar el estado de estos inmuebles; hasta el 13 de junio, habían sido censadas 168,000 viviendas, de las cuales 145,000 están habitadas (varias de ellas invadidas) y 23,000 deshabitadas o vandalizadas. La mayoría se localiza en el Estado de México, Puebla y Chihuahua.
Para el investigador Alfonso Iracheta Cenecorta, el problema del abandono de viviendas ha evolucionado hacia invasiones, fenómeno que se atribuye en gran medida a decisiones de política pública de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que fomentaron la construcción de viviendas en serie alejadas de los centros urbanos.
En la política habitacional del gobierno de Fox, se estableció la meta de construir 750,000 viviendas al año, un esfuerzo que, aunque buscaba reducir el déficit de vivienda, no tuvo en cuenta las necesidades de accesibilidad y urbanidad. El informe del Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 mostraba que en 2000 existían 756,000 hogares sin una vivienda digna y un millón más que requerían ser reemplazadas por haber llegado al final de su vida útil.
Asimismo, bajo la administración de Calderón, el acceso a créditos para vivienda se amplió, pero este acceso se tradujo en un aumento del abandono de viviendas. En 2005, el 4.3% del parque habitacional estaba deshabitado, pero en 2010 esta cifra se disparó al 13.8%. Iracheta enfatiza que el enfoque en la construcción de viviendas no se vinculó con un desarrollo urbano que satisfaciera las necesidades de los habitantes, resultando en la creación de comunidades aisladas.
La política de vivienda sufrió un cambio significativo en 2013, al establecer perímetros de contención urbana que determinaron zonas específicas para la construcción con subsidios. Esto afectó a grandes constructoras, que se encontraron sin terrenos viables para desarrollos futuros y que, para 2015, habían dejado alrededor de 365 conjuntos abandonados.
Aunque el fenómeno de la invasión es complejo y presenta diferentes manifestaciones, se puede ver un espectro que va desde hogares que se amplían para incluir a familiares, hasta grupos organizados que se apropian de propiedades deshabitadas para fines ilícitos. Investigaciones recientes han clasificado estos tipos de invasión, evidenciando cómo en algunos casos las personas simplemente buscan mejorar su situación habitacional, mientras que en otros se observa la intervención de redes criminales.
En respuesta a este fenómeno, administraciones como la de Enrique Peña Nieto implementaron políticas de subastas para recuperar viviendas abandonadas. Sin embargo, la gestión fue criticada por la intermediación abusiva de algunos actores en el proceso.
Actualmente, la meta del gobierno de Claudia Sheinbaum consiste en construir 1.1 millones de viviendas y abordar el problema de la invasión de las 843,000 viviendas detectadas. Para lograrlo, es imperante no solo rehabilitar las casas, sino también mejorar las condiciones de los entornos sociales donde se encuentran. La directora general de Fundación Hogares, Madeleine Cortés Cravioto, ha subrayado la necesidad de una intervención integral que contemple tanto la regeneración física de la vivienda como la revitalización del tejido social.
En conclusión, el desafío de la vivienda en México es más que una cuestión de cantidad; se trata de crear espacios dignos y funcionales que permitan a las familias vivir en condiciones adecuadas y dentro de comunidades cohesionadas, lo que representa un reto considerable para las políticas de desarrollo urbano en el país.
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