El fenómeno del cambio climático se ha consolidado como un desafío crucial para las economías de todo el mundo, y México no es la excepción. En el contexto de la situación política y social actual, el reciente nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS ha generado debate. Muchos recuerdan cómo durante la pandemia de COVID-19, bajo la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, se manejaran las crisis de salud pública de manera casi opuesta a la propuesta por López-Gatell. Este cambio en su rol parece ser una estrategia para minimizar su impacto en asuntos pivote, dejándolo en una posición donde sus decisiones tendrán una repercusión menor en el ámbito global.
Un análisis realizado por el Foro Económico Mundial destaca que el costo del cambio climático para México asciende ya a miles de millones de pesos anuales, una cifra que podría representar hasta el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2050, si no se adoptan medidas efectivas. Este incremento en los costos está relacionado con la falta de mecanismos que puedan responder adecuadamente a la rápida evolución de los desafíos medioambientales.
De acuerdo con un estudio de la UNAM, si se mantiene el escenario de inacción y altas emisiones, las pérdidas económicas acumuladas en el siglo XXI podrían equivaler desde el 85% hasta cinco veces el PIB actual de México. En términos de crecimiento, las proyecciones indican que es posible que cambios en la temperatura y patrones de precipitación reduzcan el crecimiento económico en un rango de -1.96% a -2.03% y de -1.03% a -1.66% respectivamente, afectando de manera desigual a diferentes grupos sociales y territorios.
Particularmente, la Ciudad de México, así como los estados de México, Jalisco, Puebla y Morelos, podrían enfrentar pérdidas económicas que superen los 20 mil millones de dólares anuales para el 2050. Esto contrasta con las regiones de alta marginación, donde las comunidades rurales e indígenas, como en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, sufrirán los efectos más severos, amplificando así la vulnerabilidad de sectores dedicados a la agricultura de subsistencia.
A pesar de la existencia de un marco normativo que incluye una ley general sobre el cambio climático y un sistema nacional para abordar esta problemática, la reducción del presupuesto destinado a la Secretaría de Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto con la disminución de programas estratégicos, sugiere que el país no está priorizando adecuadamente este tema crítico.
La capacidad del gobierno para abordar el cambio climático de manera efectiva es fundamental. Esto implica no solo implementar políticas públicas robustas, sino también fomentar una legislación a nivel local que contemple las realidades de cada región. Solo así se podrá afrontar uno de los retos más grandes de nuestro tiempo desde una perspectiva realista y efectiva.
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