En septiembre de 2017, tres semanas antes del referéndum ilegal de independencia, la Generalitat de Cataluña presentó un informe que, en opinión del Ejecutivo, era fundamental que los catalanes conocieran antes de ir a votar: la principal conclusión del estudio era que Aena, el mayor operador aeroportuario de España, “es un problema para las posibilidades de crecimiento del aeropuerto de Barcelona”. Estas palabras eran de Josep Rull, consejero de Territorio en el Ejecutivo de Junts pel Sí, la coalición formada por los herederos de Convergència Democràtica y Esquerra Republicana (ERC).
Aena quiere finalmente hacer realidad la ampliación de la tercera pista del aeródromo de Barcelona, además de construir una terminal satélite para descongestionar. Pero, a diferencia del pasado, los entusiastas de la operación están claramente en minoría: solo el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciudadanos y el Partido Popular están a favor, según la votación llevada a cabo el 18 de mayo en el Ayuntamiento de Barcelona. La Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Consistorio debatió una moción a favor del proyecto que fue rechazada con los votos en contra de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, la alcaldesa, los votos de ERC y con la abstención de Junts. Los Ayuntamientos vecinos, El Prat de Llobregat, Castelldefels y Gavà, también se muestran contrarios.
Los dos partidos que llevan las riendas de Cataluña exigían en 2017 una ampliación del aeropuerto de El Prat, tanto en terminales como en capacidad de naves para convertirlo en un hub intercontinental. Aena y quien controla el operador, el Gobierno central, no invertían lo justo para la expansión de esta infraestructura, según su planteamiento de entonces, por lo que la separación de España era la única vía para conseguir el mejor aeropuerto. Cuatro años después de aquel documento de agravios, el sucesor de Rull al frente del Departamento de Territorio, Damià Calvet —ambos políticos, de Junts—, publicó el pasado mayo un artículo en el digital El Nacional en el que cuestionaba la conveniencia de la ampliación debido a su impacto medioambiental.
El programa electoral de ERC en los comicios autonómicos del pasado febrero ya incluía la negativa a la ampliación del aeropuerto barcelonés. ERC se comprometía a “preservar los espacios naturales que rodean al aeropuerto y aplicar todas las mejoras tecnológicas necesarias para aumentar estos vuelos sin necesidad de ampliación”. El partido liderado por Oriol Junqueras ofrecía un discurso diferente hace una década: en su programa electoral de 2012 criticaba que el Estado mantenía “un déficit de inversiones en infraestructuras” que ha ido “en detrimento de las capacidades de crecimiento y de consolidación” del aeropuerto.
La comisión de Territorio del parlamento de Cataluña ya aprobó en julio de 2020 una resolución en la que se exigía a Aena frenar cualquier ampliación de El Prat que suponga un “crecimiento ilimitado de los pasajeros” y que perjudique el entorno natural donde se ubica el aeropuerto. El diputado republicano Marc Sanglas expresó que la ampliación “va en contra de la protección de este territorio y provoca el aumento de emisiones contaminantes”. Sanglas añadió que el Acuerdo del Clima de París, de 2016, obliga a los Estados que lo suscribieron a reducir sus emisiones contaminantes.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
