Este viernes se ha dado a conocer que Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, ha presentado un nuevo juicio de amparo en un intento por obtener acceso total a la carpeta de investigación relacionada con la orden de aprehensión en su contra. Aureoles está acusado de presuntos desvíos millonarios de recursos durante su mandato, y su situación legal ha captado la atención pública.
El exmandatario ha argumentado que, desde el 20 de mayo de 2025, ha solicitado formalmente el acceso a dicha carpeta, sin obtener respuesta alguna de la Fiscalía General de la República (FGR). En su solicitud, ha hecho hincapié en la importancia de recibir la copia completa de la carpeta de investigación identificada con el número FED/FEMCC/FEMCC-MICH/000096/2022.
En la actualidad, la orden de aprehensión lanzada en su contra permanece vigente, mientras que Aureoles se mantiene como un prófugo de la justicia, defendiendo su inocencia y alegando que las acusaciones en su contra son parte de un complot con motivaciones políticas.
Por otro lado, Carlos Maldonado Mendoza, quien fue secretario de Finanzas durante la administración de Aureoles, enfrentó un revés en su intento de ampararse y así poder afrontar su proceso penal en libertad. Maldonado está bajo acusación de participar en una red de corrupción vinculada al desvío de más de tres mil millones de pesos, recursos que estaban destinados a la construcción de cuarteles policiales. Actualmente, se le imputan varios delitos graves, incluidos peculado y administración fraudulenta.
En un nuevo trámite legal, Maldonado solicitó una audiencia para discutir la revisión de las medidas cautelares impuestas, sin embargo, su petición ha sido objeto de controversia, ya que varios tribunales previamente habían negado el cambio de dichas medidas. A pesar de esto, una audiencia ha sido programada por una administradora del Centro Federal de Justicia Penal, en el Reclusorio Oriente, que será presidida por un juez distinto al de control original, debido a que la jueza está en periodo vacacional.
Tanto Aureoles como Maldonado enfrentan acusaciones que evidencian una presunta corrupción masiva en el manejo de recursos públicos, lo que ha llevado a las autoridades actuales, bajo la dirección de Alfredo Ramírez Bedolla, a señalar que se habrían desviado más de 3 mil millones de pesos, aunque la cifra específica que se imputa a Aureoles es de mil 52 millones de pesos.
Con estos desarrollos, la situación legal del exgobernador y su colaborador se convierte en un tema crucial dentro del panorama político y judicial de Michoacán, al tiempo que la investigación sigue generando interés y debate en la opinión pública.
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