El expresidente Enrique Peña Nieto ha salido al paso de graves acusaciones que lo vinculan con un supuesto soborno de 25 millones de dólares provenientes de empresarios israelíes involucrados en la controversia del software de espionaje Pegasus. En una entrevista telefónica desde España, Peña Nieto calificó de “absolutamente falso” el rumor que sugiere que recibió estas aportaciones, las cuales, según él, resultan de una disputa entre las mencionadas empresas sobre un conflicto de inversión.
Afirmó que la noticia es “carente de sustento” y criticó el rigor periodístico de las afirmaciones que se han hecho, sugiriendo que se tratan de insinuaciones diseñadas para afectar su honorabilidad. Peña Nieto recalcó que su administración se dedicó a servir al país y que no tiene responsabilidad en la asignación de contratos a empresas, refiriéndose a la polémica como un conflicto privado que se encuentra en los tribunales de Israel.
La controversia surge del reportaje del periódico israelí The Marker, donde se detallan las disputas legales entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, quienes reclaman inversiones por parte de Grupo KBH, proveedor del software. En respuesta a la intención de la organización civil Artículo 19 de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación sobre estas afirmaciones, Peña Nieto se mostró tranquilo y reafirmó su compromiso con la nación durante su mandato.
Es relevante contextualizar que estas заявsiones, aunque refutadas, se enmarcan en un cuadro más amplio de desconfianza y cuestionamientos sobre integridad en la política mexicana. Las gestiones del expresidente y las relaciones con empresas extranjeras continúan siendo objeto de análisis y críticas, lo que añade un matiz de complejidad a la discusión actual sobre la transparencia y la ética en el ejercicio del poder.
Peña Nieto enfatizó que las insinuaciones son “dolosas” y deslegitiman su trayectoria, reafirmando que su legado se construye sobre un compromiso genuino hacia el servicio público. La polémica suscitada ha generado un debate intenso no solo sobre la administración de Peña Nieto, sino también sobre la manera en que se manejan los escándalos en la política contemporánea de México.
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