Las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC han solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno federal de México una investigación exhaustiva y transparente sobre el uso ilegal del software espía Pegasus, ante recientes revelaciones que involucran a altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y al Ejército mexicano.
En un pronunciamiento conjunto, estas organizaciones denunciaron presuntos actos de corrupción y espionaje, destacando un reportaje del diario israelí The Marker. Este informe menciona a los empresarios Avishai Neria y Uri Ansbacher como intermediarios entre el gobierno mexicano y empresas israelíes, obteniendo contratos gubernamentales que alcanzarían un valor de 25 millones de dólares durante el mandato de Peña Nieto.
Dicha situación se ve potenciada por la información obtenida en el único juicio penal relacionado con la vigilancia que sufrió la periodista Carmen Aristegui, revelando un entramado de corrupción entre Ansbacher, propietario de la conglomerada KBH, y el gobierno federal. Este vínculo desvela la complejidad y la extensión de las operaciones de espionaje durante aquel periodo.
Además, se confirmó que Manuel Mondragón, quien se desempeñó como excomisionado Nacional de Seguridad, también fue objeto de espionaje, lo que enfatiza las implicaciones políticas del uso de Pegasus.
A pesar de que se ha producido un cambio de gobierno, el uso del software espía no se detuvo. R3D y otras investigaciones afirman que el Ejército mexicano adquirió Pegasus en 2019 a través de la empresa Comercializadora Antsua, conectada a la misma red de intermediarios mencionada previamente. Según documentos presentados en el juicio de Meta contra NSO Group en Estados Unidos, solo en mayo de 2019 se reportaron 456 infecciones por Pegasus en el país.
Ante esta grave situación, las organizaciones han exigido a la FGR y al gobierno federal que se investiguen los sobornos y el uso ilegal de Pegasus durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador. Además, piden que se sancione a todos los responsables, se transparente el uso de recursos públicos destinados a tecnologías de vigilancia, y se establezcan garantías de no repetición y rendición de cuentas.
La información se basa en reportes hasta el 8 de julio de 2025, resaltando la urgencia y la necesidad de la transparencia en la investigación de estos presuntos abusos de poder y vulneraciones a la privacidad. Estas exigencias subrayan la importancia de proteger los derechos digitales y la integridad de las instituciones en México.
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