Ajustes fiscales y sus costos: Desafíos en el contexto económico actual
Los ajustes fiscales son inevitables y, aunque se espera que sus impactos sean transitorios, el actual ajuste en nuestras finanzas públicas acarrea costos que parecen permanentes. La situación que enfrentamos hoy involucra no solo el ámbito económico, sino también el capital humano, la infraestructura y la seguridad pública, todos elementos cruciales para el desarrollo nacional.
En el primer quintil de 2025, los ingresos del erario mostraron un crecimiento real del 3.7% en comparación con el año anterior. Especialmente resaltante fueron los incrementos en la recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA, con aumentos del 8.2% y 12.5%, respectivamente, un fenómeno poco común en tiempos de estancamiento económico. Según la Secretaría de Hacienda, este alza es resultado de esfuerzos especiales, aunque es previsible que esta dinámica sea difícil de mantener a largo plazo.
El ajuste fiscal actual se dirige hacia una meta anual de reducción del déficit público, que pasaría del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025, lo cual es alentador. En los primeros cinco meses de 2025, el déficit apenas alcanzó la mitad del que se observó en el mismo periodo del año anterior, gracias a una drástica contracción del gasto programable del 9.6% y, notablemente, de la inversión pública, que se desplomó en un 29.6%, marcando la caída más significativa desde 1995. Sin embargo, esto no es el único aspecto alarmante.
En los recientes años, el gobierno ha redirigido inversiones hacia proyectos insignia buscando concluírlos, aunque estos han mostrado una rentabilidad neta cuestionable, como es el caso de la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. En comparación, la inversión pública ha vuelto a niveles moderados; aunque en enero-mayo experimentó un incremento del 6% respecto a 2022, fue un 5% inferior al del año anterior, sugiriendo una desaceleración preocupante.
Además, uno de los problemas más severos es el descuido en el mantenimiento de infraestructuras básicas, que abarca desde transporte urbano hasta hospitales y escuelas. En lugar de fortalecer las áreas clave que favorecen el desarrollo humano —como seguridad, educación y salud— el ajuste fiscal ha priorizado transferencias directas incondicionadas, que han seguido recibiendo protección.
De las 24 funciones presupuestarias, más de la mitad del gasto programable se destina a Protección Social y energía. Al incluir Salud, Educación y Seguridad Pública, esta cifra asciende al 82%. Es alarmante que, de enero a mayo de 2025, únicamente el gasto en Protección Social mostró un crecimiento (+4.5%), mientras que los sectores de Salud (-10.8%), Seguridad Pública (-13.3%) y Educación (-8%) presentan caídas significativas. En Educación, excluyendo las becas, la reducción en programas es del 20%.
Aunque el gobierno ha optado por reducir gastos, continúa fortaleciendo su papel en el sector energético, donde el gasto en Combustibles y Energía representa el 20% del presupuesto, a pesar de que muchas de estas funciones podrían ser ejecutadas de manera más eficiente por el sector privado.
Las cifras de las finanzas públicas indican un camino hacia el cumplimiento de la meta de ajuste fiscal del gobierno para 2025. Sin embargo, se evidencian planteamientos que priorizan la transferencia de dinero y subsidios para el sector energético, en detrimento de la salud, educación y seguridad, elementos que son fundamentales para elevar la productividad y el bienestar de la sociedad.
Dado que esta información fue reportada hasta el 8 de julio de 2025, es crucial mantenerse informado sobre la evolución de estos indicadores y sus implicaciones en el futuro del desarrollo nacional.
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