Cancún, QRoo.- En un nuevo desarrollo para el turismo marítimo en México, se ha formalizado un acuerdo entre el gobierno y las compañías navieras sobre el conocido como Derecho de No Residente (DNR), implementado desde el pasado 1 de julio. Este cobro afecta a todos los turistas que llegan al país vía marítima, marcando un cambio significativo en la recaudación de ingresos necesarios para el país.
A partir del 10 de julio, las empresas navieras y los agentes navieros deben solicitar una cuenta de acceso al Portal de Servicios Marítimos a través del correo electrónico del Instituto Nacional de Migración (INM). Este paso es fundamental, ya que tras ser dados de alta, tendrán la responsabilidad de cargar una lista electrónica que contenga los datos de tripulantes y pasajeros, ayudando a identificar a aquellos obligados a pagar el DNR.
El costo inicial del DNR se establece en 5 dólares, una tarifa que permanecerá fija durante el primer año. Sin embargo, a partir de agosto de 2026, esta tarifa aumentará a 10 dólares, y en el segundo semestre de 2027, se incrementará a 15 dólares. Para finales de 2028, se prevé que el cobro alcance los 21 dólares por cada crucerista.
El INM desempeñará un papel crucial en la validación de la información proporcionada por las navieras, asegurando que el Portal de Servicios Marítimos realice el cálculo correspondiente del monto total a pagar. Además, las compañías tendrán la obligación de concentrar lo recaudado y reportarlo al INM a más tardar el día 17 del mes siguiente a la recaudación.
Un aspecto notable de este acuerdo es que el cobro máximo de 21 dólares fue el resultado de negociaciones intensas entre las navieras y el gobierno mexicano. Inicialmente, se había propuesto un monto de 42 dólares, similar al impuesto aplicado a los viajeros que ingresan por vía aérea. En respuesta a la preocupación de las navieras sobre la viabilidad de sus rutas a puertos mexicanos, se llegó a una solución más favorable mediante un ajuste del 50% en el derecho a pagar, aplicándose de manera gradual.
Este cambio legislativo y administrativo puede influir significativamente en cómo se desarrollan las operaciones de cruceros en México, además de tener un impacto en la experiencia turística de miles que eligen este medio de transporte para conocer las costas mexicanas. La implementación de estas nuevas reglas subraya la complejidad de equilibrar ingresos necesarios con la competitividad del sector turístico marítimo en el contexto actual.
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