El Futuro del Instituto Federal de Telecomunicaciones: Un Cambio Crucial en la Estructura Laboral
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los órganos autónomos más significativos del país, se enfrenta a una reestructuración que impacta a su extensa nómina de 1,244 trabajadores, casi 400 más que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y tres veces la plantilla del Coneval. Esta amplia plantilla es reflejo de las numerosas funciones que realizan, que incluyen sesiones del Pleno, actividades de la secretaría técnica y la coordinación ejecutiva, entre otras.
La reciente reforma constitucional y la legislación secundaria han establecido salvaguardias teóricas para los derechos laborales de las instituciones que han sido extinguidas. Sin embargo, los trabajadores del Inai y del programa Mejoraedu han optado por acciones de resistencia civil para reclamar sus pagos de marcha, lo que indica un descontento latente.
Un elemento fundamental de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es el artículo noveno transitorio, que establece un plazo específico para la relación laboral. El IFT deberá cumplir con los pagos de finiquitos y liquidaciones antes del final de sus funciones, garantizando que los recursos estén disponibles. No obstante, la modificación introducida por el senador morenista Javier Corral crea una distinción que limitará las indemnizaciones a solo aquellos empleados que puedan demostrar “estabilidad laboral” dentro de la institución.
Este nuevo marco laboral ha dejado a alrededor de 250 trabajadores, lo que representa casi el 20% de la plantilla, fuera del paquete de indemnización previsto, incluyendo personal clave desde mandos medios hasta administrativos. La mayoría de estos empleados poseen más de cinco años de antigüedad y fueron seleccionados bajo exigentes evaluaciones del servicio profesional de carrera.
El impacto de esto se siente profundamente en aquellos no incluidos en el paquete indemnizatorio. Estos trabajadores, cuya función es crítica para el Instituto, están enfrentando un dilema laboral. La próxima incorporación a la Agencia para la Transformación Digital o al nuevo órgano regulador requerirá que renuncien a sus actuales puestos, renunciando así a su derecho a una indemnización.
Adicionalmente, el proceso de reclutamiento en la nueva ATD ya está en marcha, excluyendo a los exempleados del IFT, lo que genera una contienda por la supervivencia profesional. Mientras tanto, la administración del Instituto ha sido reestructurada, con el equipo de José Antonio Peña Merino siendo incorporado a Promtel.
En otro contexto, el CEO de Finsus, Carlos Marmolejo, ha emitido un comunicado aclarando que su entidad no está involucrada en las acusaciones de fraude sistémico mencionadas recientemente, defendiendo la posición y operaciones de Finsus como una Sofipo digital regulada que opera a nivel nacional. La empresa resalta que no ha recibido ningún requerimiento por parte de autoridades competentes y ha implementado rigurosos controles para garantizar su funcionamiento adecuado.
Este contexto, marcado por la transformación del IFT y las aclaraciones de Finsus, resalta los cambios dinámicos que se están gestando en las bases de las instituciones que regulan las telecomunicaciones y el acceso digital en el país. Ambos casos reflejan las tensiones actuales y subrayan la importancia de contar con estructuras laborales sólidas y transparentes en el marco de una economía en continua evolución.
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