Desde su reelección en enero de 2025, Donald Trump ha reactivado un enfoque drástico en la lucha contra el narcotráfico, dejando claro su énfasis en la problemática del fentanilo. Esta estrategia no solo incorpora sanciones económicas y presión diplomática, sino que también plantea una intervención militar, lo que representa un cambio significativo respecto a enfoques anteriores que priorizaban la salud pública y la cooperación internacional.
Uno de los pasos más destacados en su política fue la designación de cárteles como organizaciones terroristas, formalizada el 20 de enero de 2025 y que incluye a importantes grupos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Zetas y Beltrán Leyva. Esta categorización permite que una serie de medidas más agresivas sean aplicadas.
Adicionalmente, se han implementado aranceles punitivos que alcanzan hasta un 30% sobre productos provenientes de México, Canadá y China, condicionando su proporcionalidad a la cooperación de estos países en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
La Casa Blanca ha presentado su Nuevo Plan Antidrogas 2025, que establece seis prioridades fundamentales: reducción de sobredosis, control de fronteras, prevención efectiva, tratamiento de adicciones, innovación en soluciones y presión internacional. La estrategia también amenaza con el uso de la fuerza militar contra cárteles dentro del territorio mexicano, una declaración hecha por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En cuanto a la relación con el gobierno mexicano, Trump ha intensificado su presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum, acusando al país de vínculos con los cárteles y de proporcionar “refugios seguros” para la producción de drogas. Aunque las acusaciones fueron negadas por Sheinbaum, los operativos y extradiciones se han incrementado, generando tensión en la relación bilateral.
A su vez, se ha observado un retroceso en las políticas de salud pública dentro de México, donde la narrativa de guerra ha obstaculizado el avance en la regulación del cannabis y la reducción de daños. La gestión del presidente López Obrador ha resultado obstinada respecto a la iniciativa de legalización del cannabis, afectando el avance de políticas más efectivas.
Una característica distintiva de este enfoque es la externalización de costos. A diferencia de programas previos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, la administración Trump no ha ofrecido asistencia financiera, sino que ha optado por emplear la presión coercitiva, debilitando así las instituciones locales y su capacidad para hacer frente al problema.
La política antidrogas implementada por Trump en 2025 representa una intensificación de su postura coercitiva, lo que implica importantes repercusiones para México y América Latina en general. Al priorizar la presión económica y militar sobre la cooperación y la evidencia científica, se corre el riesgo de repetir los fracasos históricos de la “guerra contra las drogas” sin abordar las causas subyacentes del fenómeno.
La dinámica entre la política de “abrazos, no balazos” y la postura del gobierno federal frente a los grupos delictivos es un tema crucial que continuará siendo objeto de debate y evolución en el contexto actual, un asunto que sin duda impactará en la relación bilateral y en los aranceles impuestos.
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