El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), bajo la dirección de Diego Prieto Hernández, ha tomado una decisión crucial respecto a la seguridad en 30 museos y espacios culturales en el área metropolitana del valle de México. Esta medida surge a raíz de la insatisfacción con las empresas privadas SSS Asistencia y Supervisión SA de CV y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada SA de CV, las cuales fueron contratadas mediante una licitación pública. Desde el 1º de junio, estas compañías se encargaban de la vigilancia, pero el incumplimiento de sus obligaciones provocó, incluso, el cierre temporal de importantes sitios como el Museo Nacional de Antropología y el Castillo de Chapultepec.
Prieto Hernández aseguró que no hay motivo de preocupación para concluir la relación con estas empresas, resaltando un posible acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para establecer la mejor alternativa jurídica. Por ahora, el servicio ha sido restablecido con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y se precisa formalizar el contrato con esta misma corporación.
Detalló que este proceso requiere decidir si se procederá mediante rescisión del contrato o una terminación anticipada, y confía en la buena voluntad de las empresas antes mencionadas para evitar litigios, considerando que su interés es también evitar una inhabilitación general. Las sanciones aplicadas hasta el momento han incluido la retirada inmediata de estas empresas, las cuales representaban un gran volumen de recursos y personal en los contratos que habían obtenido.
Además, Prieto aclaró que, en respuesta a un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca fortalecer la colaboración con corporaciones de seguridad pública en lugar de dependencias privadas. En este sentido, ya se han solicitado cotizaciones al Servicio de Protección Federal, aunque se reconoce que sus costos pueden superar el presupuesto ordinario asignado.
Esta situación refleja una evolución en las políticas de seguridad que involucran espacios culturales, marcando un hito en la interacción entre instituciones públicas y privadas en el ámbito de la protección del patrimonio cultural. La fecha de esta información es del 16 de julio de 2025, un aspecto relevante para quienes busquen contexto y actualización. La situación actual de las negociaciones y la implementación de nuevos protocolos podría proporcionar un panorama más claro en un futuro cercano.
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