A finales de abril de 2025, una reveladora información publicada por un medio importante destacó movimientos estratégicos del ejército ruso en la frontera europea, revelados a través de datos satelitales. Esta alerta coincidió con informes que indicaban que Finlandia se estaba preparando para una posible guerra, una respuesta a las crecientes tensiones en la región. De forma paralela, los países bálticos comenzaron a reforzar sus defensas, construyendo 600 búnkeres en un esfuerzo por rodear a Rusia.
En un giro sin precedentes, varios países europeos -incluyendo Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia- han tomado la decisión de abandonar el Tratado de Ottawa, un acuerdo internacional que prohibió las minas antipersona. Este tratado, firmado en 1997 y respaldado por más de 160 naciones, se había concebido como un símbolo del desarme y la humanidad, diseñado para reducir el sufrimiento civil en conflictos armados. No obstante, la invasión rusa a Ucrania ha generado un cambio de paradigma en la percepción sobre el uso de estas armas.
A pesar de que la decisión de abandonar el tratado no implica un despliegue inmediato de minas, sí marca un giro significativo en la estrategia militar de estos países. Históricamente, las doctrinas modernas habían minimizado la eficacia táctica de las minas en un conflicto convencional. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha evidenciado su valor práctico, ya que los campos de minas sembrados por Rusia complicaron la contraofensiva ucraniana, ralentizando su avance y exigiendo recursos en operaciones de desminado.
Esta revisión de la estrategia militar plantea profundas implicaciones legales y morales. La salida de varios países europeos del Tratado de Ottawa no solo debilita el acuerdo en términos operativos, sino que amenaza con socavar los avances en la regulación humanitaria establecida tras la Guerra Fría. Para muchos activistas y defensores de los derechos humanos, esta decisión representa una grieta peligrosa en el consenso internacional que busca limitar el uso de armas mortales, extendiendo sus preocupaciones a otros tratados sobre armamento.
La presión sobre los gobiernos de los países involucrados ha sido intensa. En Finlandia, por ejemplo, incluso aquellos legisladores que tradicionalmente se oponían a las minas han cambiado de postura, citando el temor a una invasión rusa como un factor determinante en la modificación de las prioridades de seguridad nacional. La frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, marcada por una historia de conflictos, ha moldeado este nuevo enfoque.
El catalizador político detrás de esta ola de abandonos del tratado se dio en Lituania, donde un alto funcionario gubernamental expresó que la prohibición de las minas estaba obstaculizando la defensa frente a las amenazas rusas. Esta declaración desencadenó una reevaluación de las políticas en otros países cercanos. Actualmente, Noruega se destaca como una excepción entre las naciones fronterizas, reafirmando su compromiso con el tratado.
Ucrania, por su parte, también ha reconsiderado su posición. A pesar de haber sido signataria del tratado en 2006, la frustración por la falta de progreso en su contraofensiva y el uso intenso de minas por parte de Rusia llevaron al presidente Zelensky a anunciar la salida del tratado, argumentando que no se podía enfrentar a una amenaza existencial con limitaciones impuestas por acuerdos que Rusia nunca respetó.
Por último, Estados Unidos, que no forma parte del tratado, ha comenzado a levantar restricciones sobre el uso de minas al suministrar armamento a Ucrania, lo que representa un claro quiebre con décadas de esfuerzos internacionales para desarmar el conflicto.
La situación encierra un riesgo que va más allá del uso de minas, abriendo un nuevo capítulo sobre los límites que deberían existir en la guerra. La realidad actual nos confronta con un dilema crítico: la búsqueda de seguridad estatal versus el respeto a acuerdos internacionales diseñados para limitar el sufrimiento humano. La situación, en el contexto geopolítico de 2025, refleja un momento crucial en la historia del derecho humanitario.
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