Argentina decide privatizar su empresa estatal de agua.

El Gobierno de Argentina ha dado un paso significativo hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa pública de agua del país, un anuncio confirmado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una reciente rueda de prensa en la Casa Rosada. Esta decisión marca un cambio importante en la gestión de los recursos hídricos en el país, ya que se trasladará el 90% de las acciones de la compañía al sector privado, mientras que el 10% restante se destinará a los empleados bajo un programa de propiedad participada.

Adorni subrayó que esta privatización se fundamenta en la necesidad de modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio brindado a los ciudadanos. La administración pública ha inyectado más de 13,400 millones de dólares en AySA desde su conversión en empresa estatal en 2006, lo que ha generado crecientes preocupaciones sobre la viabilidad financiera del servicio. Se indicó que durante la gestión estatal, la dotación de agua creció un 90%, pero al mismo tiempo la morosidad de los usuarios se disparó del 4% al 16%, lo que ha complicado la situación económica de la compañía.

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Esta privatización se alinea con la estrategia más amplia del presidente Javier Milei, quien ha lanzado un plan ambicioso para transferir varias empresas públicas a manos privadas. La venta de la metalúrgica Impsa, que ocurrió a principios de enero por 27 millones de dólares a la estadounidense Arc Energy, representa un primer paso en esta iniciativa que busca reestructurar el panorama empresarial argentino.

A medida que el país avanza en esta transición, la pregunta sobre cómo afectará la privatización a la calidad del servicio y al acceso al agua sigue en el aire. La expectación crece entre los ciudadanos y los sectores involucrados, ya que se anticipa que esta reorganización tendrá profundas implicaciones para el futuro del suministro de agua en Argentina. La información presentada es válida hasta el 18 de julio de 2025, y la evolución de esta situación podría tener repercusiones duraderas en el bienestar de la población argentina.

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