Los pitidos de una decena de embarcaciones atronaron los grandes puertos de Galicia el 26 de marzo y el 14 de mayo. El sector de la pesca artesanal protestó esos días contra el nuevo reglamento de control planteado por la Comisión Europea. Dos puntos del documento han causado las fricciones: la obligatoriedad para todas las naves de cuatro a 12 metros de eslora —la longitud de proa a popa— a portar un dispositivo de geolocalización y a notificar todas sus capturas en tiempo real con un diario electrónico. La nueva norma está lejos de entrar en vigor, pero ya ha despertado una férrea resistencia ante unas medidas que, a ojos de las cofradías, son innecesarias y una clara muestra de que en los despachos de Bruselas no se conoce el día a día de su actividad.
La eurodiputada Clara Aguilera, coordinadora del grupo socialdemócrata en la Comisión de Pesca, explica que el reglamento, necesario para armonizar todas las formas de control pesquero, lleva ocho años de retraso. Aguilera asegura que la política pesquera obliga a diseñar uno porque ahora mismo hay una situación desigual entre los Estados miembros. “No tiene sentido que quienes trabajan en la pesca sean discriminados por estar en un país u otro”, zanja, y advierte: “Hay mucha utilización política interesada, incluso en el propio Gobierno gallego, para confundir al sector”.
José Antonio Pérez Sieira, presidente de la Federación Galega de de Confrarías de Pescadores, no se siente desorientado. Tiene claro lo que quiere: que se reconozca la particularidad de la pesca a pequeña escala en Galicia. La geografía de la comunidad, con profundas rías, condiciona la organización del sector, que ya se siente constantemente agraviado por la falta de voluntad política. Pérez Sieira explica que serán alrededor de 4.300 las embarcaciones afectadas por la nueva normativa. “Nosotros ya tenemos regulación, no se trata de que no haya control, pero España no es igual a los otros Estados de la Unión Europea y Galicia tampoco es igual al resto del país”, concluye.
En la ría de Arousa, la más extensa de la comunidad, trabajan alrededor de 1.000 embarcaciones de pesca artesanal, casi todas con uno o dos tripulantes. Juan José Rial Millán es el patrón mayor de la cofradía de A Illa de Arousa (5.000 habitantes) y explica que la mayoría de los botes para marisqueo admiten un máximo de tres personas. El hombre de 54 años ha salido a la mar desde que tiene poco más de 10. Conoce el sector a la perfección: un pequeño viaje por el brazo de mar en la lancha de la guardia rural es suficiente para que señale los espacios de trabajo de todas las asociaciones de la comarca, visibles también desde el muelle del Xufre, en el municipio pontevedrés.
En medio de la ría, pocos metros debajo del puente que une esta isla con el continente y el resto de la comarca, una caseta de madera flota rodeada de lanchas. Es el puesto de control. Cada mañana los mariscadores navegan a este punto y registran el inicio de su jornada pegando una tarjeta magnética, que llevan siempre consigo, al móvil que sostiene un oficial de la Guardia Rural. Después, se mueven a la zona de trabajo junto a la orilla y al finalizar la faena vuelven a la caseta para pesar, clasificar y documentar digitalmente el marisco con su credencial. El último filtro está en la lonja, donde se hace un cribado final del producto.
Millán reconoce que la propuesta de la Comisión es similar al sistema que se usa en Galicia hoy, pero con una diferencia esencial: el peso de las tareas “burocráticas” recae en el caso gallego sobre las cofradías y no sobre los trabajadores. Es ahí donde se fija la mayor oposición, según Pérez Sieira, que explica que manipular aparatos electrónicos en medio de la faena es complejo: “Tenemos lluvia, mal tiempo, estamos mojados… ¿Cómo vamos a hacerlo en esas condiciones? Trabajamos en embarcaciones muy pequeñas, sin puente de mando, sin luz eléctrica o batería. La pura pesca artesanal”. Además, el presidente añade que si registran las capturas en el mar, como lo está planteando la UE, estarían “mintiendo”, por el cambio en el peso después de que se retire marisco pequeño en la lonja o en el puesto de control.
Aguilera tiene una visión opuesta sobre el diario digital. La eurodiputada socialista aboga por una “modernización” del sector. Sin embargo, asegura que el Parlamento Europeo se ha mostrado dispuesto a hacer una excepción sobre el uso de geolocalizadores para la pesca artesanal gallega. La portavoz sostiene que es complejo encajar este tipo de particularidades porque es necesario garantizar que estas cláusulas funcionen “solo para pequeños casos muy excepcionales y siempre que se pueda demostrar que las embarcaciones no salen de la ría”, pero “hay voluntad”.
La línea de costa de A Illa de Arousa, donde Millán trabaja, tiene un profundo olor a almejas. No extraña que sea un sitio de tanta importancia para el marisqueo. El patrón mayor explica que gran parte de las embarcaciones, casi todas de 4 o 5 metros, son pequeñas empresas familiares. Él mismo tiene un hijo que se dedica al sector y dos estudiando en la Universidad, “pero si no encuentran trabajo, siempre les quedará la mar”, afirma. El estrecho vínculo de los gallegos con sus rías es, para la secretaria de la federación de cofradías, Rita Gonzalez Sestelo, el elemento más valioso en la forma de organización de la actividad pesquera: “Las cofradías son de todos y vale la pena defenderlas. Es su forma de vida. A veces no se dan cuenta de la importancia de lo que hacen”.
