En un giro significativo en el caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido imponer restricciones a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras. Ambas figuras centrales en esta investigación están bajo la lupa por la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en España. La decisión del juez incluye la retirada de pasaporte y una prohibición para salir del país, además de obligarles a presentarse ante la justicia cuando sean requeridos.
La investigación, promovida por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, incluido el Partido Popular, sugiere posibles delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Aunque Pardo de Vera y Herrero están en libertad provisional, la situación es delicada, especialmente en contraste con la prisión que se ha impuesto a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en relación con el mismo procedimiento.
Durante sus declaraciones, Pardo de Vera y Herrero han defendido su inocencia, negando cualquier implicación en las supuestas irregularidades. La ex secretaria de Estado de Transportes respondió exclusivamente a las preguntas de la Fiscalía y su defensa, asegurando que no tenía competencias directas en las adjudicaciones. Por su parte, reveló que guiaba sus decisiones según instrucciones de Koldo García, quien era asesor del ministerio en aquel tiempo.
El entramado de la investigación se centra en cómo Pardo de Vera y Herrero pudieron facilitar la adjudicación de contratos a ciertas empresas, entre las que se encuentran Acciona, LIC y OPR. Se ha mencionado la posibilidad de que la promoción de Pardo de Vera a la Secretaría de Estado de Transportes, aunque formalizada tras la salida del ministro Ábalos en 2021, estuviera vinculada a estas adjudicaciones. Uno de los contratos en cuestión es el de integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat, que a pesar de no ser la oferta más económica, fue concedido a Acciona por 71,5 millones de euros.
Adicionalmente, la investigación sugiere que Koldo García hizo llegar un listado de ofertas a Pardo de Vera, resaltando en color fosforito aquella de una UTE que incluía a OPR. Las comunicaciones también reflejan un descontento de García respecto a los resultados de adjudicación, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Mientras las autoridades siguen recopilando evidencias, la atención se centra en desentrañar el grado de implicación de los investigados y los posibles beneficios que estas empresas pudieran haber obtenido. Este caso no solo pone de manifiesto supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, sino que también podría tener repercusiones más amplias en el ámbito político y administrativo de España.
La información aquí presentada corresponde a la fecha de publicación original (21 de julio de 2025) y sigue siendo relevante en el contexto actual. La evolución de esta investigación promete esclarecer no solo los hechos, sino el futuro de los involucrados y su impacto en la percepción de la transparencia en la gestión pública.
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