Este lunes, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado recibió a 16 aspirantes que buscan ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre los participantes, destacó Carlos Torres Piña, quien realizó su presentación de forma virtual.
Actual secretario de Gobierno, Torres Piña presentó un diagnóstico sobre la situación de la procuración de justicia en Michoacán, así como propuestas para fortalecer este sistema en el contexto de reformas e iniciativas futuras para 2025. En su intervención, resaltó la crítica necesidad de fomentar investigaciones con una perspectiva de género y un firme respeto a los derechos humanos, con el propósito de responder eficazmente a las demandas de la población.
Uno de los puntos más alarmantes expuestos por Torres Piña fue la grave erosión de la confianza en las instituciones de justicia. Alrededor del 11 por ciento de los delitos en Michoacán son denunciados, y de estos, solo un 3 por ciento culmina en sanciones. La lentitud en el proceso de denuncias se convierte en un obstáculo adicional, con tiempos de espera que pueden llegar hasta ocho horas, contribuyendo a una cifra negra que incrementa la revictimización de las personas afectadas.
«No hay una atención adecuada a la ciudadanía, ni la confianza necesaria para que la gente se acerque a denunciar. La Fiscalía cuenta con tres mil personas en su plantilla, pero la mayoría de los recursos se destinan al área operativa», enfatizó Torres Piña.
El aspirante cuenta con una destacada trayectoria política en Michoacán, habiendo sido diputado local y federal, y ocupando la Secretaría de Gobierno en dos ocasiones bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
La jornada de comparecencias comenzó con Juan Carlos Munguía Zavala, seguido de Mauricio Cruz Navarrete, entre otros, hasta llegar a Carlos Torres Piña. El análisis de estos aspirantes se presenta en un contexto donde la responsabilidad de la FGE es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
La información presentada refleja la situación en Michoacán hasta el 21 de julio de 2025, y es evidente que el camino hacia una justicia más accesible y representativa seguirá siendo un desafío significativo.
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