Durante el primer semestre de este año, las carreteras de nuestro país han sido escenario de más de 24,000 robos a transportistas, un alarmante incremento del 16% en comparación con el mismo periodo de 2024. Alarmantemente, más del 80% de estos delitos han ocurrido con violencia, lo que no solo pone en riesgo la vida de miles de conductores, sino que también repercute en la economía nacional y en los precios que enfrenta el consumidor. Este último muchas veces ignora que un significativo encarecimiento de los productos se debe a los costos asociados con operar en un entorno tan peligroso.
El sector privado estima que cada robo puede costar más de un millón de pesos, teniendo en cuenta la pérdida de mercancía, deducibles, primas de seguro, escoltas armadas y los retrasos logísticos que esto conlleva. En 2023, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) calculó que el robo y la quema de unidades generaron pérdidas cercanas a los 70,000 millones de pesos para la industria del autotransporte. Aunque aún no se dispone de cifras oficiales para 2025, se anticipa que las pérdidas serán aún mayores.
Ante este escenario crítico, la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes han lanzado un plan conjunto que implica el despliegue de 41,800 guardias en 1,585 tramos carreteros federales. El núcleo de este operativo es el denominado “Plan Cero Robos”, que se centrará en tres autopistas clave: México–Querétaro, México–Puebla y Mazatlán–Culiacán. Las primeras semanas ya han traído resultados: en la autopista México–Querétaro se ha reportado una reducción del 22% en los robos.
Sin embargo, el problema persiste y se amplia. Además de las tres carreteras señaladas, otras considerables incluyen Querétaro–Irapuato, San Luis Potosí–Lagos de Moreno y México–Toluca, entre muchas otras. De las 20 rutas más peligrosas, solo tres están incluidas en este nuevo plan, lo que podría propiciar que la delincuencia se desplace hacia los tramos aún desprotegidos.
Hay quienes sugieren que la Guardia Nacional, con más de 110,000 efectivos, podría asumir más vigilancia. No obstante, este argumento obvia que gran parte de sus recursos están comprometidos en diversas misiones, que abarcan desde la prevención del delito y patrullajes, hasta el control migratorio y la atención a desastres. Asegurar una vigilancia efectiva en las rutas más peligrosas supone una reconfiguración de las operaciones de la GN que, actualmente, parece difícil de implementar sin afectar otras áreas de su responsabilidad.
Sin duda, los planes anunciados constituyen un avance frente a la pasividad que se ha observado en años anteriores. No obstante, la magnitud del problema demanda una estrategia nacional, integral y sostenida que combine inteligencia criminal, vigilancia tecnológica, patrullaje efectivo y coordinación con las autoridades estatales. Sin ese enfoque, la solución seguirá siendo parcial y no abordará totalmente la crisis que enfrenta el transporte en nuestro país.
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