A pesar de los esfuerzos del gobierno federal mediante operativos, detenciones y aseguramientos, la percepción de inseguridad en la población mexicana continúa en ascenso. Especialistas coinciden en que la estrategia actual presenta errores que evocan el pasado, sin abordar la impunidad y demasiado centrada en cumplir con objetivos políticos internacionales en lugar de lograr la pacificación del país.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, resalta que el combate al crimen organizado no debe ser evaluado solo a través de la cantidad de detenciones o decomisos. Según su análisis, las políticas implementadas parecen más orientadas a satisfacer las presiones del gobierno de Estados Unidos, en particular de la administración de Donald Trump, que a abordar las causas estructurales que fomentan la violencia en México.
La percepción de inseguridad es un fenómeno complejo que no siempre se alinea con los cambios en la actividad delictiva. Vargas señala que, por ejemplo, el desmantelamiento de una banda de extorsionadores no garantiza que la comunidad se sienta más segura de inmediato. Este sentimiento está influenciado por factores locales, el impacto social del delito y el temor persistente de que las autoridades puedan estar implicadas en estos actos.
El académico también apunta a la impunidad como un factor que intensifica la problemática de la violencia. La falta de justicia para las víctimas alimenta la desconfianza en la autoridad y promueve el silencio. Para abordar esta desconexión entre la realidad y la percepción, Vargas sugiere que es vital fortalecer la proximidad policial y fomentar el trabajo comunitario, además de reducir delitos de alto impacto como la extorsión.
Desde una perspectiva similar, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, expone una evidente brecha entre los datos sobre incidencia delictiva reportados por las autoridades y la experiencia vivida por la población. Aunque las denuncias pueden fluctuar, esto no necesariamente refleja un cambio real en los niveles de criminalidad, dado que anualmente nueve de cada diez delitos no se denuncian.
Una crítica recurrente entre los especialistas es el enfoque desproporcionado en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas o de cuerpos policiales preventivos, mientras que la capacidad e inversión en ministerios públicos y policías de investigación permanecen estáticas. Hernández enfatiza la necesidad de contar con detectives que realmente investiguen los delitos, y no solo con más policías en las calles.
El académico llama a reflexionar sobre el monopolio de las fiscalías en las investigaciones, lo que ha derivado en un ecosistema de corrupción y colapso institucional. Propone urgentemente una reforma profunda al artículo 21 de la Constitución, advirtiendo que mientras el Ministerio Público siga siendo el único responsable de la investigación, no se lograrán cambios sustanciales en la dinámica de seguridad del país.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original (2025-07-25), donde se evidencian grandes desafíos institucionales y de percepción de la seguridad en México, que requieren un enfoque holístico y una revisión crítica de las estrategias presentes.
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