Más de diez organizaciones civiles han llevado su protesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando numerosos abusos perpetrados por el gobierno de Donald Trump contra la población migrante en Estados Unidos. Estas violaciones incluyen redadas masivas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas en centros de detención, afectando incluso a niños y niñas.
Durante una audiencia pública virtual, defensores de los derechos humanos subrayaron que desde el 20 de enero de 2025, la nueva administración ha intensificado políticas migratorias punitivas. Entre las acciones cuestionadas se encuentra el traslado forzado de migrantes a prisiones en terceros países sin la garantía de un debido proceso.
Entre las organizaciones que han alzado la voz se encuentran Al Otro Lado, RAICES, Amnesty International, IMUMI, Refugees International, Human Rights First y el Florence Project. Estas entidades han reportado un deterioro significativo en el respeto por los derechos humanos en el contexto migratorio desde la llegada del nuevo gobierno.
Las denuncias específicas son alarmantes. Un ejemplo escalofriante es el caso de más de 250 venezolanos que, en marzo de este año, fueron trasladados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en El Salvador. Allí, permanecieron incomunicados durante meses, lo que las ONG calificaron como desaparición forzada. Otro caso crítico es el de Andry, un solicitante de asilo gay, quien fue detenido bajo la acusación infundada de pertenecer a una banda criminal, simplemente por tener tatuajes conmemorativos del Día de Reyes.
La situación es igualmente grave para los menores de edad. Se denunció el encarcelamiento prolongado de niños, niñas y adolescentes en instalaciones migratorias en condiciones insalubres, con relatos de separaciones familiares y tratos crueles. Las políticas actuales han contribuido a crear un ambiente de miedo, donde las familias evitan salir de sus hogares, mientras los niños desconfían de regresar a la escuela. Se han informado casos inquietantes de abusos sexuales en centros de detención, especialmente contra individuos estigmatizados por su apariencia.
Asimismo, las críticas se han dirigido hacia los acuerdos bilaterales poco transparentes que facilitan deportaciones sumarias de migrantes a países como México y Costa Rica, sin la debida evaluación de riesgos ni el acceso a un proceso legal adecuado. Desde octubre del año anterior, al menos 14 migrantes han perdido la vida bajo custodia del gobierno estadounidense.
Las representantes de la sociedad civil han instado a la CIDH a intensificar la supervisión sobre el trato a migrantes en Estados Unidos, realizar visitas a los centros de detención, emitir informes sobre las violaciones documentadas y exigir la restauración del derecho de asilo. También han pedido una condena pública de los traslados forzosos y de las prácticas que perpetúan el racismo y la discriminación.
La información presentada corresponde a datos previos a su publicación original el 25 de julio de 2025, y cualquier actualización sobre la situación de los derechos humanos y las políticas migratorias en Estados Unidos debería ser consultada para obtener un contexto más reciente.
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