El escenario empresarial en México enfrenta graves desafíos que obstaculizan el crecimiento y la inversión. Según un reciente análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el crimen, la falta de un estado de derecho sólido y la corrupción son, sin duda, los tres obstáculos más críticos para hacer negocios en el país. Esta situación no solo incrementa la incertidumbre en el mercado, sino que también sitúa a México entre las naciones más violentas a nivel global.
En este contexto, la inseguridad pública se identifica como el principal factor que podría frenar el desarrollo económico. Aunque las autoridades han implementado diversas medidas para abordar la problemática, los resultados hasta ahora han sido insuficientes. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subraya que la percepción de inseguridad entre la población ha aumentado notablemente. Recientes estadísticas de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) revelan que, en junio de 2025, un 63.2% de los adultos considera inseguro vivir en su ciudad, marcando el porcentaje más elevado desde diciembre de 2022.
La violencia también se ha manifestado en un aumento alarmante de la victimización en los hogares. Se estima que, en la primera mitad del año, el 30.8% de los hogares en México reportó que al menos un miembro fue víctima de un delito, superando el 25.9% del año anterior. Esta escalofriante tendencia resalta la urgencia de una estrategia integral que contemple la mejora del sistema de seguridad pública y la justicia.
El sector empresarial ha hecho un llamado claro a las autoridades para que refuercen los recursos destinados a la seguridad, especialmente en un contexto donde se ha observado una contracción del 13.3% en el gasto en Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior para el primer semestre de 2025, después de un aumento del 31.1% en el mismo periodo del año anterior. Este retroceso en la inversión en seguridad podría inhibir avances necesarios para contrarrestar la violencia y fomentar un ambiente propicio para los negocios.
En resumen, la reducción de la inseguridad es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico en México. La comunidad empresarial insiste en la necesidad de una reforma que no solo aborde la seguridad pública, sino que también facilite la procuración e impartición de justicia para que los empresarios puedan generar empleos y contribuir al desarrollo económico del país.
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