La preocupación por la defensa de la libertad de expresión ha cobrado relevancia, en especial ante el uso faccioso de la figura de violencia política contra las mujeres por razones de género. Expertos en la materia han observado que, si bien esta medida fue creada para proteger a las mujeres en cargos públicos, su mal uso por parte de la clase política podría distorsionar su verdadero propósito y, en el peor de los casos, actuar como un escudo que limita tanto el ejercicio periodístico como la participación ciudadana.
Recientemente, se han hecho públicos varios fallos de tribunales electorales que han enjuiciado a periodistas y ciudadanos, acusados de ejercer violencia política contra mujeres. Lucía Lagunes, de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ha señalado la urgencia de establecer criterios claros sobre lo que constituye violencia política en el ámbito judicial. Según ella, no todas las expresiones sexistas dirigidas a funcionarias públicas deben ser clasificadas como tal, lo que demuestra la necesidad de matizar la interpretación de estas acusaciones.
El sistema judicial enfrenta críticas por su papel en la tramitación de estas acusaciones. La activista Lagunes opina que la aceptación de casos por parte de tribunales electorales, así como la imposición de sanciones que califica de excesivas, representa un uso “perverso” del sistema. Para ella, deben considerarse elementos contextuales que rodean a las expresiones sexistas, especialmente cuando estas surgen en investigaciones relacionadas con asuntos públicos de interés, tales como corrupción o violaciones a derechos humanos.
La preocupación por el aumento del acoso a la prensa y la ciudadanía se refleja también en las afirmaciones de Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Este experto ha documentado casos de acoso judicial, indicando que en el año anterior se registraron 21 incidentes, de los cuales un tercio estaban relacionados con la violencia política de género. Hasta la fecha, han identificado otros nueve casos en lo que va de 2025, lo que sugiere un incremento alarmante en la represión judicial.
Maldonado subraya la urgencia de abrir un debate legislativo para ajustar la definición de violencia política por razones de género y advierte sobre las implicaciones que tiene esta figura en la interpretación judicial. Establecer un marco claro podría ayudar a proteger la libertad de expresión, que actualmente se encuentra comprometida.
Este panorama refleja un momento crítico que requiere atención inmediata, donde el equilibrio entre la protección de los derechos políticos de las mujeres y la libertad de expresión debe ser considerado con cuidado y responsabilidad. En un contexto donde la información y el debate son fundamentales, es imperativo que se desarrollen soluciones legislativas que garanticen la defensa de ambos derechos sin que uno más que otro prevalezca.
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