Las recientes policy cambios en las prácticas de control de inmigrantes en los Estados Unidos han sorprendido a muchos, especialmente en lo que concierne al uso de grilletes electrónicos. Estos dispositivos, utilizados históricamente para vigilar a criminales en libertad condicional, ahora son colocados en inmigrantes que están en el país con permisos temporales, lo que genera un intenso debate en torno a su legitimidad y necesidad.
A través de estos grilletes, el gobierno estadounidense supervisa la ubicación de las personas las 24 horas del día, utilizando tecnología avanzada para garantizar que se mantenga el contacto con las autoridades migratorias. Sin embargo, es crucial destacar que estos inmigrantes no son considerados ilegales; sus permisos temporales les permiten regularizar su situación. La cuestionable necesidad de monitorear a quienes buscan legalizar su estancia plantea interrogantes sobre los motivos detrás de estas acciones.
El costo asociado con el uso de estos dispositivos es significativo. Anualmente, el gobierno de EE. UU. gasta más de $73 millones en tecnología de monitoreo, cifra que podría multiplicarse drásticamente debido a las políticas agresivas implementadas por la administración actual. Esto incluye contratos multimillonarios con empresas privadas, muchas de las cuales tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano y han sido duramente criticadas por su papel en la privatización de la gestión de inmigrantes.
A finales de 2024, más de 179,000 personas estaban registradas en programas de monitoreo, lo que indica la creciente dependencia del gobierno en tecnologías de vigilancia para gestionar a los inmigrantes. Las costosas tarifas diarias de estos dispositivos reflejan el impacto económico de la vigilancia electrónica, además de resaltar el ascenso en la financiación a la industria de la detención. Por ejemplo, la colocación diaria de grilletes electrónicos con GPS cuesta alrededor de $2.75 por persona, sumando un gasto anual que podría alcanzar cifras exorbitantes.
Investigaciones revelan que este programa representa una forma de control que muchos críticos describen como “punitiva y deshumanizadora”. Abogan por que este tipo de supervisión no debería ser una opción para aquellos que no han cometido ningún delito pero buscan regularizar su residencia. En lugar de ser una alternativa a la detención, alegan que el programa fomenta una expansión de la vigilancia en una población vulnerable.
Además, el enfoque del gobierno hacia la detención de inmigrantes está marcado por el uso predominante de centros penitenciarios privados, donde más del 90% de los detenidos corresponden a esta categoría. La reciente asignación de un presupuesto de $3.4 mil millones para el año fiscal 2024 subraya la intención de continuar con esta práctica.
La influencia de empresas privadas, como Geo Group y CoreCivic, en la política migratoria estadounidense es notable, especialmente considerando su historial de donaciones a campañas políticas. Esta relación plantea preocupaciones sobre las implicaciones éticas detrás de la privatización de la aplicación de las leyes migratorias.
Finalmente, es evidente que la combinación de un sistema de vigilancia y el uso de instalaciones privadas para la detención de inmigrantes ha creado un entorno donde la política y los negocios se entrelazan de manera preocupante. A medida que se anticipan cambios y aumentos en el costo de la detención y el monitoreo, el diálogo sobre el futuro de la inmigración en EE. UU. continúa siendo un tema esencial de discusión nacional.
(La información presentada proviene de un análisis original fechado el 28 de julio de 2025 y se basa en datos disponibles hasta esa fecha).
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